Informe Nº: 80124/03/2019
Sorprendió que la crisis no haya generado una mayor suba del desempleo. La principal explicación es que la aceleración de la inflación provocó una profunda licuación de costos laborales. Este fenómeno, junto con el aumento del empleo informal, fueron las vías rudimentarias por las que ajustó el mercado laboral. El INDEC difundió información sobre la […]
El INDEC difundió información sobre la situación del mercado laboral en el 4to trimestre del 2018. Las expectativas eran muy negativas, ya que se esperaba que el desempleo reflejara las consecuencias de la crisis, especialmente la fuerte caída en la producción. Ante tan severa contracción de la actividad económica era esperable no solo el aletargamiento en las nuevas contrataciones sino también una masiva destrucción de empleos.
Sin embargo, según el INDEC la tasa de desempleo en el 4to trimestre del 2018 fue de 9,1% de la población activa en los 31 grandes aglomerados urbanos del país. Se trata de un nivel sensiblemente superior al 7,2% registrado en el mismo período del 2017, pero no muy diferente al que se venía observando en los trimestres anteriores del 2018. Frente a los vaticinios que pronosticaban tasas de dos dígitos, la desocupación mostró una variación bastante moderada.
¿Cómo se explica este comportamiento aparentemente tan contradictorio? Una manera de aproximar una respuesta es comparando la reacción del mercado de trabajo en la actual crisis con la que ocurrió en el año 1995 cuando la economía fue sacudida por el “efecto Tequila” y la tasa de desempleo llegó al 18%. Según datos oficiales se observa que:
Estos datos muestran que, a similar caída de la producción, el mercado laboral formal reacciona de manera muy disímil. En 1995 el empleo asalariado privado registrado cayó tanto o más que la economía, mientras que en el 2018 este mismo empleo cayó apenas un tercio de lo que cayó la economía. Un factor clave detrás de estas diferencias es la inflación: en 1995 los precios eran estables, mientras que en el 2018 la inflación fue muy alta. Esto hizo que en 1995 no hubiera pérdida de salario real, mientras que en el 2018 la caída del salario real estuvo por encima del 10%. O sea, en un contexto de estabilidad de precios y rigidez de los salarios nominales a la baja, todo el impacto de la crisis se traduce en caída del empleo; en cambio, en la actualidad, como la inflación hace caer el salario real y, con ello, los costos laborales, morigera la destrucción de empleos.
Un efecto análogo se produce a través del crecimiento del empleo informal. Según el INDEC, en el 4to trimestre del 2018 un 40% de la caída en el empleo asalariado registrado fue compensado por un aumento en el empleo asalariado no registrado. Si no hubiera habido aumento del empleo asalariado “en negro”, la tasa de desocupación habría estado más cerca del 10% que del 9%. Esto sugiere que el rol que juega la informalidad como vía de adaptación del mercado laboral a la recesión es importante.
Se pueden trazar paralelismos del impacto de la inflación en el mercado de trabajo con el que tiene sobre las finanzas públicas. Frente al desequilibrio fiscal y la incapacidad de ordenar el Estado para recobrar sustentabilidad, aparece la inflación como una herramienta informal y rudimentaria de ajuste fiscal. Los aumentos de precios inflan la recaudación y licuan el valor real de las jubilaciones, las prestaciones asistenciales, los salarios públicos y otros gastos. Por eso, la aceleración de la inflación reduce el desequilibrio fiscal pero transitoriamente.
La inflación y la informalidad no son la solución sino parte de los problemas. El ajuste fiscal logrado con licuación de gasto público, en lugar de con ordenamiento del Estado, es tan primitivo y costoso como disimular el desempleo licuando costos laborales y más informalidad, en lugar de mejorar las regulaciones laborales. No es casual que en los países que progresan no entre en la cabeza de los dirigentes apelar a la inflación y a la informalidad porque esto es disimular los problemas. En cambio, extreman los esfuerzos, el diálogo y el consenso para mejorar sus instituciones económicas, fiscales y laborales.
