Informe Nº: 22/02/2022
Por cada $1 que el Estado Nacional les da a las madres de bajos ingresos vía la AUH, a las estatales se les da $2
Los subsidios económicos que están en la discusión con el FMI son los que destinan al consumo de electricidad. Estos subsidios aminoran el aumento de tarifas de luz en las provincias y directamente mantienen congeladas las tarifas de luz en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano (AMBA). Estos subsidios son los de mayor volumen porque representan el 1,5% del PIB sobre un total de 3,4% del PIB en subsidios económicos.
Otros subsidios al consumo son los que subsidian el transporte urbano para mantener bajar el boleto de colectivo. En estos subsidios se asigna un 0,3% del PIB de los cuales un 30% se asignan a las provincias del interior y el 70% al AMBA.
Después hay subsidios a la producción de energía eléctrica (Yacyretá), a las empresas productoras de gas y otras fuentes energéticas. Estos subsidios suman otro 0,4% del PIB.
El resto de los subsidios económicos tienen por destino pagar los salarios y los proveedores de las empresas del Estado. Aquí se anotan los trenes (fundamentalmente, del AMBA), Aysa (la empresa de agua del AMBA), Aerolíneas Argentinas (cuyas rutas aéreas tiene por principal destino al AMBA), Río Turbio, Correo Argentino, o empresas creadas para hacer frente a un desabastecimiento producto de una mala intervención del Estado, como la ex ENARSA (hoy Integración Energética) y otras empresas estatales. Entre todas, se llevan 1,2% del PIB de subsidios del Estado.
De estos subsidios no se habla con el FMI.
Aunque es una gran contradicción porque el Gobierno enfatiza que el acuerdo con el FMI bajará el déficit fiscal protegiendo el gasto social asignado a los más vulnerables. Mientras a las empresas públicas le dan subsidios por 1,2% del PIB, el principal subsidio asistencial orgullo de todos los argentinos –la Asignación Universal por Hijo– recibe apenas 0,6% del PIB. O sea, por cada $1 que se les da a las madres de bajos ingresos con la AUH, a los gerentes, empleados y proveedores de las empresas del Estado se les da $2. Más regresiva no puede ser esta asignación de gasto público en favor de las empresas del Estado.
El problema de los subsidios a las empresas públicas es que son privilegios que benefician a intereses creados petrificados en las estructuras de gestión.
En las empresas públicas hay empresarios proveedores y sindicatos que capturan la gestión para obtener sobreprecios, exceso de empleo y salarios por encima de los que se cobran en el sector privado.
Todos estos excesos son posibles porque el Estado Nacional subsidia los déficits.
De esta forma, los subsidios para financiar el déficit de las empresas públicas se pueden entender como una extensión del empleo público. Hoy representan 36% del gasto en salarios públicos y de funcionamiento del propio Estado nacional.
En suma, los subsidios económicos deben ser desarticulados no sólo por motivos fiscales (representan el 3,4% del PIB que es el equivalente a todo el déficit primario) sino también por motivos de equidad social y eficiencia económica.
Equidad social porque, así como los subsidios al consumo de electricidad y gas beneficia injustificadamente a las familias que más consumen y aquellas de ingresos medios y altos, los subsidios a las empresas públicas benefician injustificadamente a sus empleados y empresarios proveedores que, en general, son personas de altos ingresos.
Eficiencia económica porque los subsidios generan una mala asignación de recursos.
En el caso de la energía, lo que corresponde es fijar la tarifa en el nivel del costo real de producir el servicio, incorporando incluso el componente más importante que son las inversiones. Esto induce a que los inversores inviertan en las empresas de energía lo que hace bajar el costo real de producir energía. Bajando el costo real puede bajar la tarifa del usuario de manera sostenible en el tiempo. Esto, no sólo mejora el bienestar de las familias gracias a tarifas más baratas, sino también que da más competitividad al sector productivo.
En el caso de las empresas públicas, no tienen que recibir subsidios del Estado para que la restricción presupuestaria de sus niveles de venta induzca a gerentes y empleados a ser eficientes en la gestión de la empresa. Esta eficiencia es la que le da valor agregado a la economía.
En la década de los ’90 se pensó que, privatizando las empresas públicas, se lograría hacer funcionar esta restricción presupuestaria que lleva a la eficiencia. Sin embargo, la experiencia demostró que cuando el Estado no regula correctamente la actividad en la que se desempeña la empresa privatizada, la eficiencia en la gestión desaparece.
En particular, cuando el Estado fija una tarifa por debajo de los costos u ofrece la posibilidad de “salvatajes”, los incentivos de la empresa privatizada pasan a ser la desatención de la eficiencia para que llegue la ayuda estatal.
Así es como el Estado Nacional se volvió a llenar de empresas re-estatizadas que es lo que le está costando hoy este 1,2% del PIB.
Por lo anterior, para que una empresa sea gestionada con eficiencia no importa tanto si es privada o estatal. Lo decisivo es que haya un Estado que regule correctamente.
