Mercado Laboral
La información oficial del INDEC alerta sobre un creciente deterioro de los indicadores laborales. Esto no se exterioriza en un aumento de la tasa de desempleo abierto sino en una creciente proporción de personas en edad activa que deciden retirarse del mercado de trabajo. El fenómeno se explica por la falta de oportunidades laborales debido a la escasa creación de empleos de calidad. Por eso, más importante que el conflicto con los fondos “buitres” es rectificar las políticas públicas que sofocan la productividad y la generación de empleos de calidad.
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El INDEC informó que la distribución del ingreso no empeoró, a pesar de que la calidad de los empleos viene cayendo y las remuneraciones aumentan menos que la inflación. El principal factor que explica este fenómeno es la creciente incidencia del impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones más altas. Aunque la aspiración a que se reduzca la carga impositiva es legítima, para no caer en planteos reaccionarios previamente hay que reorganizar el sector público.
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La sanción de la ley de agravación de penas por no registración laboral y reducción de cargas sociales reconoce que los avance en formalización laboral en Argentina son tímidos. Uruguay, en cambio, logró bajar la incidencia del empleo no registrado de manera mucho más acelerada. La principal diferencia es que en Uruguay formalizarse cuesta menos y reditúa más, tanto a los trabajadores como a las empresas.
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Ante el estancamiento en la producción, los empleos de baja calidad son el principal paliativo al que accede la gente frente a la insuficiente generación de empleos asalariados registrados en el sector privado. Esta es la consecuencia de instituciones laborales rudimentarias que basan la protección del trabajador en la agudización de los castigos a los empleadores y el abandono del rol del Estado en la construcción y administración de una efectiva red de protección social.
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El 1º de Mayo es una ocasión propicia para reivindicar el trabajo y asumir con autocrítica que, más allá de las declamaciones, todavía son mayoría las personas en edad de trabajar que tienen vedada la oportunidad de acceder a un empleo de calidad. Esta es la consecuencia de perseverar durante décadas con regulaciones laborales que desalientan la generación de empleos. Ante la contundencia del fracaso se necesita un cambio de paradigma en la concepción de las instituciones laborales en lugar de reiterar viejas recetas.
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El gobierno presentó un proyecto de ley contemplando incentivos a la generación de empleo formal. En la iniciativa subyace el reconocimiento de que sólo con crecimiento económico y más controles no alcanza para revertir la informalidad. Se necesitan, además, reformas sobre las instituciones laborales con énfasis en las pequeñas empresas. De todas formas, el Congreso debería mejorar el diseño del proyecto ya que, tal como está concebido, llevará a repetir frustraciones.
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Las principales fuentes de progreso y bienestar son los aumentos de productividad que sustentan mejoras de las remuneraciones y la masiva generación de empleos de calidad para que las familias tengan más miembros generadores de ingresos dentro del hogar. Por eso, es fundamental que las instituciones laborales y la política asistencial sean muy sensibles a los incentivos en favor de la maternidad responsable y la activación de la mujer para su incorporación en el mercado laboral.
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Aunque desde la salida de la crisis del año 2002 se observa una importante mejora en la distribución del ingreso, las manifestaciones de insatisfacción de la población son intensas. Mientras los segmentos medios perciben que el inédito crecimiento en la presión impositiva no es correspondido con mejores servicios del Estado, los más postergados reciben muy poco del fuerte aumento en el gasto público. Esto no se resuelve creando más programas asistenciales, para beneficiar a los pobres, ni reduciendo el impuesto a las ganancias, para congraciarse con la clase media. Lo que se necesita es un profundo cambio en la calidad de gestión del Estado.
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En el marco del aletargamiento en el nivel de actividad económica se hacen más explícitas las negativas consecuencias sociales derivadas de la baja calidad institucional. Testimonios concretos son las barreras que discriminan contra la inserción laboral de los jóvenes, especialmente las mujeres. Mientras que en los países más avanzados el progreso social se basa en altas tasas de empleo juvenil y femenino, en la Argentina el ingreso de los jóvenes está fuertemente condicionado por baja formación, regulaciones laborales e impositivas onerosas y burocráticas, y ausencia de estrategias para promover conductas reproductivas responsables.
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La caída en la tasa de desempleo que informó el INDEC se produjo porque mucha gente dejó de buscar empleo. Esto es el resultado de la pérdida de capacidad para generar nuevos empleos asociada al bajo crecimiento económico y la pobre calidad de las instituciones laborales. El problema no se resuelve induciendo a que en las paritarias se fijen aumentos de salario por debajo de la inflación y utilizando fondos públicos para subsidiar la inactividad laboral –como la Asignación Universal por Hijo y el Progresar– sino mejorando el diseño de las instituciones laborales.
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