Sector Público
La caída y posible desmantelamiento de un ícono del comercio ilegal, la feria de La Salada, es un cambio positivo. Pero para que sea sustentable además de reforzar el accionar policial es imprescindible reformar el sistema impositivo y modernizar el Estado para que sea más amigable con el ciudadano. Esta es la única forma que las personas puedan trabajar y dedicarse al comercio de manera legal y decente y no dependan de extorsionadores y criminales que lucran con la informalidad.
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El Impuesto a los Ingresos Brutos es un factor de decadencia. Pero resulta políticamente muy atractivo porque la ciudadanía no percibe su incidencia y es de muy fácil recaudación ya que la mayor parte ingresa por adelantado a través de un complejo sistema de retenciones y percepciones que azota administrativamente a los contribuyentes. Los pronunciamientos de la Corte contra el impuesto y el próximo vencimiento del Impuesto al Cheque son una oportunidad para acordar una reforma al IVA en la que se absorba a Ingresos Brutos.
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La celebración del Día del Trabajador muestra nuevamente el contraste entre una realidad caracterizada por severos problemas de empleo y los discursos que declaman en favor de los derechos laborales. La crisis en Santa Cruz es un testimonio aleccionador. Demuestra que la falta de empleo de calidad no se suple con generación de empleo público espurio sino que, por el contrario, el gigantismo del Estado termina asfixiando la capacidad de generación de trabajo genuino.
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Por la aceleración de los precios, el Banco Central adoptó una estrategia de contracción monetaria. Esto implica tasas de interés más altas y atraso cambiario lo que retarda la recuperación de la producción. Las críticas no deberían orientarse hacia el Banco Central sino al resto de las áreas que toman decisiones de gasto público no coherentes con la meta de inflación adoptada. Para bajar la inflación se requiere más austeridad e innovación en la gestión del Estado.Por la aceleración de los precios, el Banco Central adoptó una estrategia de contracción monetaria. Esto implica tasas de interés más altas y atraso cambiario lo que retarda la recuperación de la producción. Las críticas no deberían orientarse hacia el Banco Central sino al resto de las áreas que toman decisiones de gasto público no coherentes con la meta de inflación adoptada. Para bajar la inflación se requiere más austeridad e innovación en la gestión del Estado.
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Gran parte de la masiva exteriorización de activos ocultos se volcó a títulos públicos aprovechando que están exentos de impuestos. Esto promueve mayor endeudamiento y retrasa la recuperación vía atraso cambiario por la entrada de dólares “blanqueados”. Para capitalizar el éxito del blanqueo sería recomendable comenzar a eliminar las exenciones impositivas a los títulos públicos, reducir impuestos sobre la producción y aumentar energías en reducir el gasto público.
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El Estado nacional firmó con las provincias un pacto acordando reglas de austeridad fiscal. La pertinencia de la iniciativa es indudable a la luz de que el mal funcionamiento del Estado es el principal factor de cercenamiento en la capacidad de crecer y generar empleos de calidad. Sin embargo, con el argumento de que el objetivo es impulsar un ordenamiento gradual, en la práctica, se acordaron reglas inconsistentes de las que se derivan altos riesgos de fracaso.
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El año termina sin mejoras en la economía y manteniendo como principal desafío el ordenamiento de las cuentas públicas. Junto con el anuncio de cambio de ministro se destacó la importancia de abordar esta meta. Pero la modernización y sustentabilidad del sector público depende más del resto del gabinete que del Ministro de Hacienda. Puntos claves son revisar los programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales y la reforma previsional.
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Los partidos de la oposición se alinearon para aprobar en el Senado un proyecto de ley que implica multiplicar los planes asistenciales. La iniciativa pareciera ignorar que el presupuesto para el año próximo ya contempla que un cuarto de los ingresos públicos se asigne a esta función. Pero lo más criticable es la tozuda apelación al asistencialismo tradicional en lugar de aportar ideas que ayuden a encontrar soluciones estructurales a los problemas sociales.
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El gobierno presentó el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017. Un aspecto muy positivo es que se recupera el presupuesto como instrumento de planificación de la política pública luego de más de una década de oscurantismo y manipulación. La principal debilidad es que se observa una inercia que limita los avances hacia una mejor organización del Estado. Esto lleva a un crecimiento del endeudamiento público que no es sostenible en el tiempo.
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La Provincia de Buenos Aires planteó ante la Corte Suprema un cuestionamiento por el Fondo del Conurbano. Argumenta discriminación respecto al resto de las provincias en la distribución de una parte del impuesto a las ganancias. No menos discriminador contra el resto de las provincias es que con recursos nacionales se subsidien los servicios públicos de los habitantes del conurbano. La acumulación de arbitrariedades es tan grande que la Justicia no las va a poder resolver. Se necesita un replanteo integral de roles entre Nación, provincias y municipios.
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