Sector Público
La crisis política y económica de Brasil tiene muchas analogías con la Argentina. Esto alerta sobre la importancia de que quienes aspiren a conducir el país asuman que el desequilibrio de las cuentas públicas, la corrupción y el oscurantismo en la gestión del Estado constituyen, como ocurre en Brasil, los principales desafíos a vencer. Ejemplos muy ilustrativos son las anomalías en la masiva distribución de subsidios a la energía, el transporte y a las empresas públicas.
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Los acontecimientos desencadenados con la muerte del fiscal Nisman testimonian el punto al que ha llegado la degradación del Estado argentino. Paradójicamente, ocurre cuando la Argentina es el país con la mayor cantidad de empleados públicos y cuyas remuneraciones son las más elevadas de la región. La explicación reside en la falta de profesionalismo, controles y transparencia que lleva a que el Estado sea apropiado y opere para intereses espurios en lugar de brindar servicios públicos de calidad a toda la sociedad.
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El crecimiento descontrolado del gasto público exige aumento de impuestos y más emisión monetaria. Los sectores más acomodados presionan para reducir el impuesto a las ganancias, eludirlo a través de mecanismos de dudosa legalidad o cobrar un bono extraordinario que compense la inflación. La situación de los hogares más pobres es más grave porque sufren en plenitud la aceleración de la inflación. Para frenar este deterioro social es imprescindible reducir el crecimiento del gasto público, replantear prioridades y profesionalizar la gestión del Estado.
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La Presidenta llamó al diálogo para revertir la irracional superposición de impuestos que se produce entre la Nación, las provincias y los municipios. El planteo es muy pertinente. Pero para avanzar hacia un mejor sistema tributario previamente hay que detener el despilfarro de fondos públicos que induce la centralización de recursos públicos a favor de la Nación y la superposición de roles y funciones entre los tres niveles de gobierno.
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A partir de la salida de la crisis del 2002 el empleo privado registrado experimentó un fuerte crecimiento. El proceso no fue sustentable porque estuvo asociado a la licuación de salario real que produjo la mega devaluación. Prueba de ello es que la generación de empleos se fue debilitando a medida que las remuneraciones recuperaron poder de compra. Actualmente, la única fuente de creación de empleo formal es el sector público. El empleo público improductivo e innecesario agrava los problemas ya que aumenta el déficit fiscal y degrada la calidad del Estado.
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Los datos oficiales sobre distribución del ingreso ofrecen otra evidencia del agotamiento del modelo populista. Según el INDEC, los hogares de menores ingresos –segmento que en la última década venía disfrutando de una mejora relativa en su situación– ahora son los más perjudicados por la aceleración de la inflación. En el fin del ciclo es fundamental contar con un plan para reducir la inflación y un programa integral de recuperación del Estado.
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La escalada del dólar está asociada al crecimiento exuberante del gasto público. Sin posibilidades de seguir aumentando impuestos y sin acceso al crédito, el creciente déficit fiscal se financia con emisión monetaria que presiona sobre el precio del dólar. Apelar a complejas argumentaciones conspirativas es caer en un grosero error de diagnóstico ya que un análisis simple de teoría económica alcanza para entender que el exceso de emisión monetaria provoca inflación y esto genera estancamiento económico y del empleo, deterioro social e inestabilidad cambiaria.
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Las autoridades económicas aceptaron que la producción está estancada. Pero lamentablemente insiste en un grueso error de diagnóstico. Al no asumir el agotamiento del modelo populista se opta por expandir el crédito para consumo. Esto acelerará la inflación profundizando la licuación de los salarios y el crédito al consumo. El estancamiento no se resuelve aplicando estímulos a la demanda sino ordenando el sector público para erradicar la inflación y fijando reglas que incentiven a las empresas y a los trabajadores a aumentar la productividad.
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La descentralización y el respecto por las autonomías locales es una tendencia global que bien instrumentada tiene enormes ventajas, además de ajustarse a lo que manda la Constitución Nacional. Pero planteos de este tipo pierden credibilidad cuando provienen de una administración que ha basado su gestión en la concentración y la arbitrariedad. Antes de pensar en trasladar la capital es necesario clarificar roles entre jurisdicciones nacional y provincial y sancionar un sistema coherente de coparticipación federal de impuestos.
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La aceleración de la inflación está “licuando” prestaciones sociales e inversiones. Pero no alcanza a compensar el fuerte crecimiento de los subsidios económicos y los intereses de deuda. Por estos dos componentes, el gasto público aumenta más que los ingresos, generando déficits que se financian con emisión monetaria potenciando a su vez la inflación. Con más inflación se retroalimenta este recesivo y regresivo esquema. Para generar alternativas superadoras es imprescindible apelar a menos demagogia y más profesionalismo en la gestión del Estado.
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