Sector Público
El colapso del sistema eléctrico nacional testimonia las consecuencias de haber perseverado en políticas populistas. Tarifas fijadas en valores artificialmente bajos exacerban el consumo y desalientan la inversión. Las inconsistencias se disimularon durante mucho tiempo gracias a la expansión de la capacidad de generación de electricidad en años anteriores. Pero consumidas las inversiones acumuladas en la década de los ´90 llegaron los cortes. Esto provoca enormes daños en la calidad de vida de las familias y en la productividad de las empresas.
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El envío tardío de la Gendarmería a Córdoba desembocó en un caos con consecuencias muy graves en términos de disgregación social. Se trata de otro testimonio que demuestra que agrandar el sector público, sin sentido estratégico y aplicando precaria gestión, no sólo no garantiza mejores servicios públicos sino que, en muchos casos, los empeora. Para que el Estado opere como promotor de calidad de vida y equidad tiene que dejar de ser el ámbito donde diferentes actores pujan por la apropiación de fondos públicos y adoptar una gestión más profesional.
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El nuevo gabinete debuta impulsando otro aumento de impuestos. Aunque el argumento oficial es que se busca castigar consumos “suntuarios” que drenan divisas, en realidad es una continuidad del proceso que llevó la presión tributaria a niveles récords. Para reducir de manera genuina el déficit fiscal, la inflación y la fuga de divisas una estrategia alternativa es comenzar a desmantelar el perverso mecanismo de subsidios económicos a empresas públicas y privadas. Esto, además, permitirá preservar muchos empleos de calidad.
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El impresionante crecimiento del gasto público de los últimos años es la causa principal de la alta inflación y la inestabilidad cambiaria. Resulta curioso que las áreas del sector público que más contribuyen al desborde fiscal y donde más reformas se necesitan no fueron afectadas de manera directa por el cambio de gabinete. Sin un replanteo de las decisiones de gasto público tomadas con mucha demagogia, improvisación y poco sentido de responsabilidad no hay posibilidades de detener la pérdida de reservas y recuperar el crecimiento.
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Apelando a un instrumento de excepción –un Decreto de Necesidad y Urgencia– el gobierno explicitó el acelerado crecimiento del gasto público. El déficit fiscal es un potente generador de inflación que provoca inevitables presiones sobre el dólar. Más allá de que se adopten paliativos, como oficializar el desdoblamiento cambiario, la cuestión más importante y compleja es ordenar las cuentas fiscales. Agotada la alternativa de seguir aumentando la presión tributaria, no queda otro camino que reducir los subsidios a empresas públicas y privadas.
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Como viene ocurriendo desde hace varios años, el proyecto de Presupuesto Nacional presentado al Congreso adolece de severas inconsistencias. Aún así, contiene información valiosa. Un dato muy sugerente es que se está programando aumentos de jubilaciones, salarios públicos y subsidios a empresas públicas y privadas deficitarias por debajo de la inflación verdadera. Se trata de una evidencia bastante contundente de que, más allá de los discursos, el temido “ajuste” no es una opción de política sino un camino inevitable originado en decisiones equivocadas y el despilfarro cometidos en la última década.
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El gobierno nacional decidió que la Gendarmería se involucre en tareas de seguridad en el Gran Buenos Aires. Se trata de una acción oportunista y de baja eficacia ya que obliga a descuidar las funciones que esa fuerza venía ejecutando para que desarrolle tareas que se superponen con las de la policía bonaerense. Un camino genuino para mejorar la seguridad de todos los ciudadanos –y no sólo los de Buenos Aires– es dejar de despilfarrar fondos públicos en subsidios económicos y transferirlos a las provincias para que modernicen sus policías.
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Los CEDIN, tal como fueron reglamentados, operarán como una moneda nacional convertible en dólares. Que un Gobierno que ha denostado enfáticamente la convertibilidad apele a este tipo de herramienta demuestra que utilizar el respaldo de una moneda extranjera más que una opción es una necesidad derivada de la inflación alta y persistente. Mientras no haya estabilidad, la gente va a ahorrar y utilizar como medio de pago una moneda diferente a la nacional. Por eso, la tan proclamada “soberanía monetaria” no se logra con discursos sino con mejores instituciones, en particular, un manejo más responsable y profesional del Estado.
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El presidente Mujica generó fuertes controversias al opinar que los uruguayos son pocos proclives al trabajo. Dado que, según la información oficial de ambos países, los argentinos no trabajan más que los uruguayos, estas polémicas declaraciones bien podrían ser aplicables a la Argentina también. En cualquier caso, la cuestión central es que se trata de una generalización que esconde situaciones muy diferentes. Una de las divergencias más notables se da en los niveles de exigencias mucho más laxos que prevalecen en el Estado respecto a las que se aplican en la mayor parte del trabajo en el sector privado.
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