Sector Público
La aceleración de la inflación está “licuando” prestaciones sociales e inversiones. Pero no alcanza a compensar el fuerte crecimiento de los subsidios económicos y los intereses de deuda. Por estos dos componentes, el gasto público aumenta más que los ingresos, generando déficits que se financian con emisión monetaria potenciando a su vez la inflación. Con más inflación se retroalimenta este recesivo y regresivo esquema. Para generar alternativas superadoras es imprescindible apelar a menos demagogia y más profesionalismo en la gestión del Estado.
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En el anuncio de creación de un nuevo plan de empleo, el relanzamiento de los CEDIN y créditos al transporte urbano se reconoció oficialmente la recesión. Pero se incurre en el error de diagnóstico de atribuirle la causa a factores externos cuando las evidencias muestran que, si bien hay desaceleración, el único país con la economía parada es la Argentina. Factores internos explican mucho más que los externos la caída en la producción y la destrucción de empleos formales. Dentro de ellos, el más importante es la irracional expansión del gasto público.
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Reiterar incumplimientos a nivel internacional es muy negativo, pero mucho más decisivo sobre la calidad de vida de la gente es el exorbitante crecimiento del gasto público con bajísima calidad de los servicios que el Estado brinda. Por eso, involuntariamente el juez Griesa está beneficiando a los ciudadanos argentinos al ponerle límites al aumento del gasto público. El fallo adverso con los fondos “buitres” es fácil de resolver. Mucho más difícil es mejorar la calidad del Estado.
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Uno de los pilares más publicitados del “modelo” era el superávit fiscal. Su importancia estaba plenamente justificada en función de la historia de indisciplina fiscal que condujo al estancamiento económico y la alta inflación. En la salida de la crisis del año 2002, se logró que los ingresos públicos superen a las erogaciones pero aplicando instrumentos rudimentarios y no sustentables. Por eso, emergieron nuevamente los desequilibrios fiscales por la baja calidad de la gestión pública cercenando otra vez las posibilidades de progreso social.
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La irritación contra los fondos “buitres” obnubila el análisis y hace perder de vista que muchas decisiones internas generan compromisos fiscales más difíciles de cumplir que los fallos de la justicia de EEUU. Un ejemplo concreto son las moratorias previsionales. Las obligaciones asumidas con estas jubilaciones sin aportes implican un enorme aumento de la deuda pública. La mayor parte de estos recursos quedan en manos de gestores, burocracia estatal y, especialmente, gente de la tercera edad de hogares de ingresos medios y altos.
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Mientras oficialismo y gran parte de la oposición sigan avalando aumentos en el gasto público –como ocurrió con las estatizaciones y seguramente ocurrirá con la nueva moratoria previsional– es preferible que no se actualicen los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias ya que la alternativa será apelar más intensamente al impuesto inflacionario. Los pobres no pagan ganancias pero sufren la inflación. Por eso, las propuestas no deberían centrarse en reducir el impuesto a las ganancias sino en reducir el gasto público para así bajar la inflación.
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Más allá de que la decisión de la justicia de EEUU habilitando al embargo de fondos del Estado argentino provoque irritación, hay que asumir que esta situación no es fruto de una conjura extranjera sino de la propensión a expandir el gasto público muy por encima de las posibilidades de financiamiento. Por eso, en lugar de despotricar contra agentes externos debería primar la autocrítica y los consensos para imponer, de ahora en más, austeridad y calidad en la gestión del Estado.
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El aumento en los topes y montos de las asignaciones familiares no compensa la inflación. Esto lleva a que cada vez más trabajadores cobren menos asignaciones familiares o queden excluidos. Así, se puede aumentar las transferencias de la ANSES al Tesoro Nacional para financiar el déficit fiscal. Como también ocurre con el impuesto a las ganancias, la lógica es usar la inflación como medio para absorber recursos que se destinan a financiar el crecimiento del gasto público.
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The acceleration of inflation suggests that the cycle of expansion based on consumption stimulation has ended. This is a situation that was already experienced in the past; the only peculiarity now is that the cycle was longer due to the unprecedent international favorable context. But the final result is similar: stagnation of employment and wage increases that do not compensate for inflation. To overcome the situation a deep transformation of the public sector, that encourages investment and job creation, is needed.
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Ante la requisitoria de legisladores, motivadas por el agravamiento de la inseguridad, el Jefe de Gabinete dejó traslucir que la gestión de la policía y la justicia es responsabilidad de las provincias. La respuesta es correcta, pero parcial, ya que parte del problema también se genera por la centralización de fondos públicos. De todas formas, es imprescindible una autocrítica a nivel de los gobiernos provinciales tanto por haber permitido el avasallamiento del federalismo como por perseverar en la mediocridad de la gestión en sus responsabilidades.
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