Educación
En términos de PBI, la Argentina invierte muchos más que los países avanzados en personal de educación. Pero los pobres resultados que obtiene sugieren que el principal desafío pasa por aumentar la calidad de la gestión educativa. Algunos países de la OECD muestran que se puede mejorar los niveles de educación con un número pertinente de educadores, bien pagados y calificados, reglas que estimulen el buen desempeño, más insumos y mejor infraestructura.
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El Ministerio de Salud anunció la distribución gratuita de un anticonceptivo hormonal de nueva generación. Promover la prevención del embarazo adolescente resulta pertinente ya que es un decisivo factor de abandono escolar de las mujeres jóvenes y, con ello, de retraso social y reproducción intergeneracional de la pobreza. Pero la administración centralizada induce a costosas fallas de implementación. Por ejemplo, aunque el embarazo adolescente no es un fenómeno focalizado en regiones, sino en los hogares de menores ingresos de todo el país, el programa prioriza a las jurisdicciones identificadas con el gobierno nacional.
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La Nación interviene decisivamente en la negociación de los salarios docentes pero aporta una porción marginal y cada vez más pequeña de las remuneraciones. Este esquema potencia la conflictividad, llegando a la irracionalidad de que en las provincias donde se acordaron aumentos con los sindicatos tampoco se iniciaron las clases. En lugar de interferir en la política salarial, la Nación debería apoyar financieramente a las provincias que reduzcan el ausentismo docente, el retraso y la deserción escolar, y mejoren la calidad educativa.
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Ante la inestabilidad del dólar, las autoridades anunciaron la intención de revisar los subsidios económicos. Además de tardía, la iniciativa está planteada como una amenaza a quienes pretenden proteger sus ahorros comprando dólares en lugar de una política equitativa y racional en la asignación de fondos públicos. La regla general debería ser que las tarifas sean acordes a los costos de los servicios públicos. En paralelo, instrumentar una tarifa social para que todos los hogares pobres –no sólo los que viven en Buenos Aires– sean los únicos subsidiados.
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Los 30 años de democracia se celebran en uno de sus peores momentos. La degradación institucional llegó al extremo de permitir la insubordinación policial que dio pie a graves hechos de vandalismo. La impericia en la gestión pública lleva a que cada vez se paguen más impuestos y a cambio los servicios del Estado sean cada vez peores, como por ejemplo los educativos. Ante el desamparo que genera el debilitamiento del Estado algunas familias apelan a los servicios privados, pero es una alternativa que no suple el rol de sector público y agrava las inequidades.
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Desde el oficialismo se comienza a reconocer la decadencia educativa de la última década. Pero, simultáneamente, se minimizan los impactos negativos de este fracaso. El testimonio más ilustrativo es pretender dar un cariz positivo a la gran cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, aduciendo que la mayoría son mujeres dedicadas al cuidado de los hijos. Esta posición, de un conservadurismo apabullante, ignora que la combinación de maternidad temprana y bajo nivel de educación de la madre es un poderoso factor de reproducción intergeneracional de la pobreza al incidir negativamente en la educación de sus hijos.
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Nuevamente se propone bajar la edad de imputabilidad como herramienta para combatir la delincuencia. Es positivo que en la agenda política se debatan los temas que preocupan a la gente. Pero el planteo ignora que el factor más determinante de que los adolescentes se conviertan en infractores es la deserción escolar temprana. Por eso, la vía más eficaz para prevenir la delincuencia juvenil no es endurecer el sistema penal sino corregir los severos problemas de gestión que adolecen el sistema educativo y la Asignación Universal por Hijo.
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Las comparaciones internacionales son una buena herramienta para analizar y mejorar las políticas públicas. Por eso resulta muy positivo el planteo del oficialismo de comparar la Argentina con otros países con dotaciones de recursos similares. En lugar de cuestionar esta buena práctica sería muy positivo enriquecer el debate aportando seriedad y profesionalismo y extendiéndolo a otros temas importantes como, por ejemplo, los indicadores educativos.
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En la campaña electoral abundan los discursos de contenidos superficiales, sobrecargados de autoelogios y descalificaciones al adversario. En contrapartida, prevalece la ignorancia y la autocomplacencia respecto a problemas muy trascendentales. Uno particularmente importante es el deterioro de la educación pública. Los ciudadanos pagan niveles récord de impuestos para sostener el gran crecimiento en la inversión pública en educación. Pero este esfuerzo está siendo derrochado debido a una gestión educativa de muy baja calidad
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En la estrategia publicitaria del oficialismo gana espacio la expresión “la década ganada”. Un caso extremo se dio en Río Negro donde se la incluyó en los boletines de calificaciones de los alumnos de las escuelas públicas. La manifestación contrasta con los propios datos oficiales que delatan que fue una década donde creció mucho la inversión en educación pero no mejoraron los resultados. Tamaño desperdicio de recursos públicos debería motivar una revisión crítica de los errores cometidos en lugar de querer transformar con propaganda el fracaso en éxito.
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