Informes Nacionales
La caída del desempleo reportada en el 4° trimestre del 2016 responde a una contracción de la gente que participa del mercado laboral. Esto está asociado al desaliento que generan condiciones adversas en el mercado de trabajo. Sin embargo, hay excepciones. En las ciudades de la pampa húmeda ligadas al campo crecieron el empleo y la participación laboral. Para replicar el fenómeno en el resto del país se necesitan acuerdos políticos amplios para mejorar la gestión del Estado.
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La difusión de estadísticas señalando que un tercio de la población está en la pobreza generó encendidas discusiones sobre el gasto asistencial y la insuficiente creación de empleos. Sin embargo, los planes asistenciales tienen escaso impacto en la reducción de la pobreza y el crecimiento del empleo, aunque muy necesario, no es suficiente. Para reducir la pobreza es esencial incorporar al mercado laboral a las mujeres de los hogares pobres. Para ello, se necesitan mejores instituciones laborales, educación de calidad y prácticas sexuales y reproductivas saludables.
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La fuga de las familias enviando sus hijos a escuelas privadas es persistente. Si bien el fenómeno responde a muchos factores, uno muy importante es la intensificación de las huelgas ocurridas a partir de la intromisión del Ministerio de Educación nacional fijando salarios que luego tienen que ser pagados por las provincias. Volver al esquema en el que cada provincia fije el salario de sus docentes es un primer paso para revertir la decadencia de las escuelas estatales.
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Dar oportunidad a que todos los niños accedan en su infancia a cuidados de calidad y a todas las mujeres a un empleo formal es un requisito indispensable para promover el progreso social. Esto no se logra obligando, como lo dispuso un fallo judicial, a que las empresas se hagan cargo de las guarderías de los hijos de sus empleadas. Es el Estado el que debe garantizar el acceso a servicios de alta calidad de cuidado de la infancia priorizando a los hogares de menores ingresos.
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La reforma al sistema de riesgos del trabajo busca reducir la litigiosidad. Las evidencias son contundentes en torno a que la judicialidad es tan masiva que conspira contra la creación de empleos y que su principal causa es la discrecionalidad con que actúan los juzgados laborales de algunas provincias. El éxito de la nueva ley depende de la adhesión de las legislaturas provinciales y que las comisiones médicas funcionen con eficiencia y profesionalismo.
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El gobierno nacional anunció la decisión de dejar de interferir en la negociación de los salarios docentes. Esto es consistente con el hecho de que son las provincias las que gestionan las escuelas y pagan la mayor parte de la remuneración de los educadores. Junto con este avance es fundamental que las provincias se aboquen a modernizar sus estilos de gestión. Los recursos que se podrían ahorrar con una mejor administración permitirían aumentar significativamente el salario docente.
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Se anunció un plan de modernización del Estado que toma como eje la capacitación de los empleados públicos. El planteo subestima la caótica conformación del sector público que se potenció en los últimos años con la masiva contratación de nuevos empleados estatales. La prioridad no es capacitar sino revisar funciones para eliminar solapamientos entre la Nación y las provincias y modificar el régimen del empleo público.
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El vertiginoso aumento en el gasto público de los últimos años fue a costa del consumo de las familias y las inversiones de las empresas. Por eso, posponer el ajuste en el Estado implica fatalmente profundizar el ajuste sobre las familias y las empresas. La manera de mitigar este costo social es acelerando la modernización del Estado de manera que se reduzca la cantidad de recursos que absorbe y aumenten la cantidad de servicios e infraestructura que ofrece.
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Los cambios en la conducción del Ministerio de Salud y el cruce de culpas entre funcionarios por los incendios en La Pampa están asociados a una forma de administración arcaica. Que la Nación ejecute acciones que se superponen con facultades provinciales induce al derroche de recursos y a la dilución de responsabilidades por los malos resultados. Respetando la organización federal se puede lograr una administración más eficiente y transparente.
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Si el nuevo presidente de Estados Unidos cumple con sus promesas electorales es de esperar que se produzca en la economía mundial un encarecimiento del crédito. Esto obliga a revisar la estrategia de reducir gradualmente el gasto público financiando el déficit fiscal en la transición con endeudamiento. Es prioridad abordar la reforma previsional, la reducción de los subsidios y revisar los programas nacionales que se solapan con funciones provinciales.
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