Informes Nacionales
El fallo de la Corte sobre la readecuación tarifaria implica que la estrategia de reducir déficit fiscal vía recorte de subsidios llevará más tiempo del planeado. Por lo tanto aumenta la pertinencia de revisar otros componentes del gasto público. En este sentido, reformar el sistema previsional y desmantelar intervenciones nacionales superpuestas con funciones provinciales no solo resultan prioritarias sino que, después de la intervención de la Justicia, pasan a ser urgentes.
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Aumenta la preocupación por la perseverancia de la pobreza. Se trata de un fenómeno que responde a factores estructurales donde se destacan la insuficiencia de empleos de calidad y la ausencia de servicios e infraestructura básica. Menos mencionado pero no menos importante es la aplicación de políticas públicas que desalientan entre las jóvenes la educación, la maternidad responsable y, asociado a ello, su inserción laboral.
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El gobierno nacional anunció nuevas políticas para el sector salud. La promesa más ambiciosa es mejorar la atención médica a la gente que no tiene cobertura de un seguro de salud. Para alcanzar esta meta el principal desafío no pasa por aumentar la inversión sino impulsar cambios profundos en los estilos de gestión de los hospitales públicos. La clave es lograr una administración de los recursos humanos que induzca mayor dedicación y compromiso.
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La persistencia de la inflación alerta sobre la importancia de reducir la emisión monetaria que se deriva del elevado déficit fiscal. En el corto plazo, esto se puede lograr acelerando la reducción de los subsidios económicos. De todas formas, el desafío más importante y complejo es transformar la organización del sector público eliminando los impuestos más inequitativos y distorsivos y profesionalizando al Estado para que brinde más y mejores servicios.
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El envejecimiento poblacional impacta negativamente sobre la sostenibilidad del sistema previsional. Esto obliga a replantear con seriedad las normas jubilatorias y evitar planteos equivocados como el argumento de que no es bueno postergar el retiro porque se quita oportunidades laborales a los jóvenes. Por el contrario, la base del progreso social es que más gente trabaje y que los adultos mayores se complementen con los jóvenes.
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La crispación de las familias y las pequeñas empresas por los aumentos en las boletas de gas es entendible. Pero no hay que perder de vista que el problema se generó como consecuencia de un perverso esquema de manipulación de las tarifas que exacerbó el consumo y destruyó la capacidad de producción gasífera. De esta crisis no se sale promoviendo intervenciones oportunistas del Poder Judicial sino con reglas que incentiven la producción y moderen el consumo.
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La revisión de las estadísticas oficiales confirma que las manipulaciones del INDEC sobreestimaron el PBI y que el gobierno anterior sólo logró alto crecimiento económico mientras los salarios fueron bajos y los precios internacionales altos. La actitud de distorsionar las estadísticas oficiales merece un rotundo “nunca más”. Pero además es fundamental avanzar en una estrategia de crecimiento que no se base en bajos salarios sino en aumentar la productividad.
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Se cumplen 20 años de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. La importante reducción en la siniestralidad es uno de sus logros más significativos. Sin embargo, la intensa y creciente judicialidad espuria pone en juego su supervivencia. Se necesitan acuerdos con las provincias para que los poderes judiciales de cada jurisdicción acepten la decisión de proteger a los trabajadores a través de un sistema basado en reglas de aplicación automática y transparente y no en la arbitrariedad.
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La voluntad popular en Gran Bretaña se manifestó a favor de abandonar la Unión Europea. Esta crucial decisión no debería ser interpretada como un rechazo a la integración sino la consecuencia del hartazgo que generó una modalidad basada en estructuras supranacionales muy burocráticas y poco eficaces para promover el progreso. Se trata de una experiencia aleccionadora dadas las analogías entre el alicaído Mercosur frente al dinamismo que muestra la Alianza del Pacífico.
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Se multiplican las evidencias de altos niveles de corrupción. Esto no debería sorprender ya que, si bien en los últimos años se invirtió menos en infraestructura, la centralización de decisiones en funcionarios nacionales aumentó las oportunidades de malversación. Para lograr más transparencia no alcanza con funcionarios honestos y mejor acción judicial. Se necesita innovar en la institucionalidad que regula la articulación del Estado con el sector privado.
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