Informes Nacionales
La crispación por la reducción de los subsidios en Buenos Aires es otra evidencia del centralismo prevaleciente. Es incoherente hablar de “tarifazo” cuando en el interior del país el acceso a los servicios públicos es mucho más limitado y, cuando está disponible, desde hace años que se pagan tarifas mucho más cercanas a los costos reales. El esquema de ofrecer servicios públicos casi gratis a una parte de la población a costa del esfuerzo del resto es insustentable y muy injusto.
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Los cambios que están ocurriendo en Cuba resultan muy sugerentes y aleccionadores para la Argentina. En particular, confirman un nuevo rol de las ideologías como fuente de inspiración en el diseño de las políticas públicas. En temas trascendentales como la lucha contra la pobreza se observa que, más que las ideologías, son la racionalidad, el pragmatismo y el profesionalismo en el manejo del sector público los ingredientes para concretar políticas públicas exitosas.
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El arreglo con los fondos “buitre” abre las puertas al financiamiento internacional. Más importante que terminar con el default es ejecutar una estrategia que use el endeudamiento como una herramienta para financiar la transición hacia un sector público más eficiente y sustentable. En esta dirección, es recomendable que se incluyan medidas que incentiven la repatriación de ahorros. Por el contrario, si la nueva deuda se utiliza para mantener los déficits fiscales no habrá retorno de capitales y será el camino para caer en una nueva crisis.
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La actualización de la información sobre las cuentas públicas difundida por el Ministerio de Hacienda confirma el grave desequilibrio fiscal. La situación de las provincias y los municipios, en general, también es insustentable. Por eso es fundamental que el diálogo entre la Nación y las provincias no se limite a discutir la distribución de fondos entre los niveles de gobierno sino también a consensuar estrategias para reducir los déficits y mejorar la calidad de las políticas públicas.
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El debate político suscitado en las negociaciones para terminar el conflicto con los “fondos buitres” está signado por posiciones arcaicas y desenfocadas. Esto alerta sobre los riesgos de que la reinserción en los mercados de crédito sea usada para prolongar un insostenible proceso de derroche de fondos públicos y altos déficits fiscales. Además, tan acuciante es la necesidad de financiamiento que resulta recomendable evaluar mecanismos que incentiven la repatriación de capitales.
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Como todos los años, los estudiantes fueron rehenes del agotador proceso de negociación salarial que precede a cada inicio lectivo. Nuevamente no se logrará cumplir con la modesta meta de que el calendario escolar arranque sin paros aun cuando se invierten cada vez más recursos financieros y esfuerzo político. Esta profunda degradación de la educación es consecuencia de creer que los intereses de los gremios docentes son los mismos que los de los estudiantes.
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Con un alto impacto fiscal, se dispuso reducir la incidencia del impuesto a las ganancias. La decisión se tomó en el marco de un contrasentido entre la declamación por una mayor participación del Estado e igualdad social junto con un enconado rechazo a pagar impuestos, especialmente, el impuesto a las ganancias. Una alternativa más progresista a la de insistir con el impuesto a las ganancias es reducir las cargas sociales y el gasto público.
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El Banco Central dispuso digitalizar los resúmenes bancarios con el objetivo de reducir costos a los clientes y preservar el medio ambiente. Frente a ello, el sindicato de camioneros desplegó duras medidas de rechazo argumentando pérdidas de empleos en los correos. Se trata de un testimonio muy ilustrativo de cómo fallas institucionales permiten que el interés de un sector se imponga sobre el interés general de aumentar la productividad y cuidar el medio ambiente.
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En otro paso por normalizar la economía, el gobierno presentó una propuesta formal para regularizar la deuda con los acreedores que rechazaron los canjes. Queda pendiente que sea aceptada por los tenedores de bonos y luego aprobada por el Congreso. Pero el desafío más importante y complejo es garantizar que las nuevas oportunidades que se abrirán con el financiamiento internacional sean utilizadas en infraestructura y no para cubrir sueldos y otros gastos corrientes.
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El gobierno anunció la actualización de las tarifas eléctricas. Se pone fin así a un mecanismo de subsidios muy perverso que desencadenó una profunda crisis energética, una regresiva redistribución de ingresos a favor de los hogares de altos ingresos y agravó la discriminación contra el interior del país. Con el reajuste, tan importante como un régimen de tarifa social para los más pobres es hacer entender al resto de la población sobre los daños que generó este esquema tan irracional.
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