Informes Nacionales
La presencia del país en el Foro de Davos buscó convencer a los líderes mundiales sobre la decisión de revertir las políticas que espantaron la inversión productiva en la última década. De todas formas, se trata de un proceso largo y complejo que, además de gestos políticos, requiere de un profundo proceso de reconstrucción institucional. Lo más difícil será recuperar la reputación como un país creíble que no volverá a caer en la tentación de la discrecionalidad y la arbitrariedad.
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El gobierno hizo explícitas sus metas de reducción de la inflación. Aunque modestas, cumplirlas exige un programa integral de reducción en los excesos de gasto público producidos en los últimos años. Abordar los bolsones más visibles de empleo público espurio es apenas uno de los componentes. Mucho más importante como determinantes del crecimiento del gasto público es la expansión indiscriminada de jubilaciones sin aportes y subsidios económicos a empresas.
Las autoridades económicas explicitaron que la meta de inflación para el presente año será de entre 20% y 25% anual. Se trata de un nivel inferior al del año pasado, pero no muy diferente al observado en años anteriores. Se planteó además que el ritmo de crecimiento en los precios irá disminuyendo progresivamente hasta alcanzar niveles de un dígito entre los años 2018 y 2019. Comparado con otros países, incluso los vecinos, se trata de metas muy modestas. Hay un reconocimiento de que la Argentina no sólo sufre una de las inflaciones más altas del mundo sino que la seguirá soportando por varios años más.
El principal motivo es el muy alto déficit fiscal. Aun con record de presión tributaria, los ingresos no alcanzan para cubrir las erogaciones del Estado. La consecuencia es una masiva emisión monetaria que impacta sobre los precios. Esto marca la importancia crucial de encarar un programa integral de reducción del gasto público.
Para abordar la tarea de disminuir el gasto público es importante identificar los principales componentes del incremento. Según los datos del Ministerio de Economía, entre los años 2004 y 2014, la presión impositiva nacional creció 8 puntos porcentuales del PBI mientras que el gasto público 12 puntos del PBI. Dentro del crecimiento del gasto se destacan:
Estos datos muestran que sólo estos tres componentes de gasto público explican 10 de los 12 puntos porcentuales de PBI que subió el gasto público. Además, si bien el exceso de contratación de personal en el Estado ha sido un factor importante de expansión, no fue el principal. Mayor incidencia cuantitativa tuvo la expansión del gasto previsional vía el otorgamiento indiscriminado de jubilaciones sin aportes y los subsidios para sostener el retraso de las tarifas de servicios públicos y los déficits de las empresas del Estado.
Los primeros pasos tendientes a corregir las manifestaciones más visibles de uso del Estado para distribuir empleo a militantes, familiares y amigos vienen siendo avalado por gran parte de la sociedad. Pero frente a la magnitud del déficit fiscal, es imprescindible incorporar en la agenda de políticas públicas la revisión de las reglas que rigen el sistema previsional, reducir los subsidios económicos normalizando las tarifas de servicios públicos y erradicar las ineficiencias, abusos y corrupción en las empresas del Estado.
No menos importante son los aspectos cualitativos. La sistemática depredación y colonización que sufrió el Estado plantea un enorme desafío de reconstrucción. Aunque el sector público nunca tuvo tantos empleados, en los niveles centrales y en numerosas delegaciones del interior, la gestión de la asistencia social se privatizó en las organizaciones sociales. Los conflictos en Jujuy demuestran las resistencias que se enfrentan para lograr que el Estado recupere la gestión. Fenómenos parecidos ocurren en las empresas públicas como lo señala el caso de Aerolíneas Argentinas donde gran parte de los subsidios que se le transfieren son apropiados por intereses privados.
Con resignación hay que asumir que la inflación, con todas sus secuelas económicas y sociales negativas, seguirá siendo alta por varios años. La principal razón son las dificultades para financiar el muy alto déficit fiscal, aún en un escenario de nuevo acceso al crédito internacional. Esto marca la altísima importancia de que todas las áreas del sector público adopten criterios de austeridad y simultáneamente incorporen innovación y profesionalismo. El desafío no sólo es reducir el déficit fiscal sino también reconstruir el Estado. Esto implica un profundo cambio de prioridades. En lugar de que el Estado sea la vía para que dirigentes sociales o empresas privadas se apropien de fondos públicos, debe pasar a actuar como un instrumento de progreso económico y social.
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Una de las principales barreras al progreso social es la fuerte concentración de población en grandes centros urbanos. El fenómeno está asociado a la aplicación sistemática de políticas que discriminan a las comunidades más pequeñas. Para revertir este proceso se requieren reglas que descentralicen recursos y poder de decisión, y prioricen la inversión en infraestructura y servicios que aumenten la calidad de vida en el interior del país.
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La sucesión de hechos que enmarcan la fuga de tres presos de alto riesgo puso al desnudo el nivel extremo de degradación que sufre el sistema de seguridad. Lamentablemente, no es una excepción sino un fenómeno común que también se observa en educación, salud, infraestructura y el resto de los servicios públicos. Esta es la consecuencia de haber confundido el fortalecimiento del Estado con contratar masivamente empleados y aumentar sin criterio el gasto público.
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En un país donde prevalece un amplio consenso en favor de la escuela pública sorprende que la mayoría de las familias opten por la educación privada. No basta con aumentar el presupuesto educativo o el salario de los maestros. Es ineludible revisar las reglas del trabajo docente para premiar la responsabilidad y los logros de aprendizaje y desalentar el ausentismo y la falta de compromiso. La crisis educativa posiblemente sea la peor herencia que reciben los gobiernos entrantes.
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Sorprendió la calma con la que el gobierno pudo salir del “cepo” cambiario. Pero las bases todavía son precarias. El principal factor de inestabilidad del dólar es la masiva emisión de pesos para cubrir el déficit fiscal. Por eso, para mantener la tranquilidad hay que reducir el desequilibrio del Estado. Esto obliga a una compleja agenda de reformas donde la más urgente y necesaria es una reducción sustancial de los subsidios económicos.
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Concluido el mandato del gobierno saliente emergen los pasivos ocultos. Aunque la manipulación de las estadísticas oficiales genera dudas, en materia laboral la peor herencia no es el desempleo sino la alta y creciente inactividad laboral. Muchas mujeres adultas y jóvenes, que podría trabajar, no lo hacen por la falta de oportunidades y aletargadas por la proliferación del asistencialismo. Para revertir el fenómeno se requiere capacidad de diálogo, audacia política y profesionalismo.
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A través de un decreto de necesidad y urgencia el gobierno generalizó el fallo de la Corte suspendiendo la derivación del 15% de la masa coparticipable con destino a la ANSES. Haberse apropiado indebidamente de esos fondos durante una década y arrebatadamente suspender la derivación antes de dejar el poder es una conducta mendaz. De todas formas, dado que esos recursos no eran utilizados para pagar jubilaciones, el tardío fallo y el decreto pueden ser la oportunidad para dar más racionalidad, profesionalismo y ética al manejo del sistema previsional.
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En una decisión tan justa como tardía la Corte Suprema falló a favor de las provincias en el reclamo de devolución del 15% de la masa coparticipable. Con esta decisión el deterioro de las cuentas públicas supera al del año 2001. Desde el punto de vista institucional emitir este fallo en la transición política es asimilable a la actitud de un grupo de diputados que sancionaron arteramente más de 90 leyes para entorpecer la gestión del próximo gobierno.
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En la campaña electoral fueron enfáticas las declamaciones en favor del Estado, pero escasas las propuestas para construir un sector público menos burocrático y más comprometido con el desarrollo social. Incluso uno de los rasgos más negativos que caracteriza a la actual transición política es el abuso del empleo público para favorecer a amigos, militante y familiares ante de dejar el poder. Un Estado fuerte requiere dejar de ser enquistado para satisfacer intereses privados.
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