Informes Nacionales
El Ministerio de Salud anunció la distribución gratuita de un anticonceptivo hormonal de nueva generación. Promover la prevención del embarazo adolescente resulta pertinente ya que es un decisivo factor de abandono escolar de las mujeres jóvenes y, con ello, de retraso social y reproducción intergeneracional de la pobreza. Pero la administración centralizada induce a costosas fallas de implementación. Por ejemplo, aunque el embarazo adolescente no es un fenómeno focalizado en regiones, sino en los hogares de menores ingresos de todo el país, el programa prioriza a las jurisdicciones identificadas con el gobierno nacional.
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Uno de los pilares más publicitados del “modelo” era el superávit fiscal. Su importancia estaba plenamente justificada en función de la historia de indisciplina fiscal que condujo al estancamiento económico y la alta inflación. En la salida de la crisis del año 2002, se logró que los ingresos públicos superen a las erogaciones pero aplicando instrumentos rudimentarios y no sustentables. Por eso, emergieron nuevamente los desequilibrios fiscales por la baja calidad de la gestión pública cercenando otra vez las posibilidades de progreso social.
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La irritación contra los fondos “buitres” obnubila el análisis y hace perder de vista que muchas decisiones internas generan compromisos fiscales más difíciles de cumplir que los fallos de la justicia de EEUU. Un ejemplo concreto son las moratorias previsionales. Las obligaciones asumidas con estas jubilaciones sin aportes implican un enorme aumento de la deuda pública. La mayor parte de estos recursos quedan en manos de gestores, burocracia estatal y, especialmente, gente de la tercera edad de hogares de ingresos medios y altos.
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El INDEC informó que la distribución del ingreso no empeoró, a pesar de que la calidad de los empleos viene cayendo y las remuneraciones aumentan menos que la inflación. El principal factor que explica este fenómeno es la creciente incidencia del impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones más altas. Aunque la aspiración a que se reduzca la carga impositiva es legítima, para no caer en planteos reaccionarios previamente hay que reorganizar el sector público.
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Mientras oficialismo y gran parte de la oposición sigan avalando aumentos en el gasto público –como ocurrió con las estatizaciones y seguramente ocurrirá con la nueva moratoria previsional– es preferible que no se actualicen los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias ya que la alternativa será apelar más intensamente al impuesto inflacionario. Los pobres no pagan ganancias pero sufren la inflación. Por eso, las propuestas no deberían centrarse en reducir el impuesto a las ganancias sino en reducir el gasto público para así bajar la inflación.
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Más allá de que la decisión de la justicia de EEUU habilitando al embargo de fondos del Estado argentino provoque irritación, hay que asumir que esta situación no es fruto de una conjura extranjera sino de la propensión a expandir el gasto público muy por encima de las posibilidades de financiamiento. Por eso, en lugar de despotricar contra agentes externos debería primar la autocrítica y los consensos para imponer, de ahora en más, austeridad y calidad en la gestión del Estado.
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Las moratorias previsionales son el mejor ejemplo de políticas públicas bien intencionadas que fracasan por el diseño muy rudimentario. Distribuir indiscriminadamente jubilaciones a personas que no realizaron aportes no resuelve el problema social que se pretende atacar y genera una enorme hipoteca en el sistema previsional. El gobierno reconoció este error cometido con las moratorias anteriores al anunciar la nueva moratoria, de todas formas el mecanismo sigue siendo muy deficiente.
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La euforia por el acuerdo con el Club de París es arrebatada. En condiciones normales recuperar capacidad de crédito es positivo. Pero en un contexto de déficit fiscal muy alto y creciente puede ser destructivo. Firmar compromisos que deberán afrontar los próximos gobiernos para financiar el déficit fiscal con más endeudamiento es prolongar la agonía e hipotecar el futuro. Para que el financiamiento internacional pueda ser asignado a inversiones productivas, primero hay que reconstruir el Estado.
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La sanción de la ley de agravación de penas por no registración laboral y reducción de cargas sociales reconoce que los avance en formalización laboral en Argentina son tímidos. Uruguay, en cambio, logró bajar la incidencia del empleo no registrado de manera mucho más acelerada. La principal diferencia es que en Uruguay formalizarse cuesta menos y reditúa más, tanto a los trabajadores como a las empresas.
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El aumento en los topes y montos de las asignaciones familiares no compensa la inflación. Esto lleva a que cada vez más trabajadores cobren menos asignaciones familiares o queden excluidos. Así, se puede aumentar las transferencias de la ANSES al Tesoro Nacional para financiar el déficit fiscal. Como también ocurre con el impuesto a las ganancias, la lógica es usar la inflación como medio para absorber recursos que se destinan a financiar el crecimiento del gasto público.
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