Informes Nacionales
La suba del dólar paralelo se origina en conductas especulativas potenciadas por la multiplicación de controles y prohibiciones. Pero también está motorizada por la profunda pérdida de competitividad que sufrió la economía argentina. Son problemas estructurales acumulados desde larga data y que se han intensificado en los últimos años. La crisis cambiaria es el resultado del deterioro en la capacidad competitiva del país originado en políticas públicas poco racionales impulsadas, más allá de los matices, por el amplio abanico de alineamientos políticos.
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La inversión de recursos públicos para promover el acceso a servicios de agua y saneamiento tiene altos dividendos sociales. Esto no se está logrando con la enorme masa de subsidios que desde el Tesoro nacional se asigna a AySA. Por un lado, porque gran parte de estos recursos son usados para sostener el congelamiento de la tarifa a población con alto poder adquisitivo. Por el otro, porque la cobertura se limita a la Ciudad y el Gran Buenos Aires discriminando a los ciudadanos que viven en el interior del país.
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Los funerales de Hugo Chávez estuvieron cargados de consignas y discursos enalteciendo las transformaciones que se implementaron en Venezuela. Pero las evidencias muestran que los logros en Venezuela, en términos de progreso social, fueron modestos. Por ejemplo, Chile y Uruguay, más allá de las diferencias ideológicas de sus gobiernos, muestran mejores resultados a partir de ideas progresistas que combinan progreso social con racionalidad económica y respeto a las instituciones. El populismo de Venezuela, por el contrario, redistribuye ingresos sin reparar en su sustentabilidad.
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Mientras el Ministerio de Economía sigue dilatando la publicación del resultado fiscal del año 2012, fuentes alternativas adelantan que el déficit fue muy elevado. La principal causa son los subsidios a empresas públicas y privadas. Para cubrir el desequilibrio de sólo dos empresas estatizadas se usan fondos públicos por un monto similar al de la Asignación Universal por Hijo. Usar recursos del Estado para esta finalidad tiene impactos sociales y geográficos regresivos, además de potenciar la corrupción. Un cambio progresista se lograría dejando de sostener empresas inviables y sin sentido estratégico, eliminando el déficit fiscal financiado con emisión inflacionaria y descentralizando recursos públicos a las provincias.
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En las instituciones laborales y educativas subyace un gran celo frente a la posibilidad de la incorporación temprana de los jóvenes al mundo del trabajo. El principal argumento es que lo único valioso para un joven sería concentrarse en estudiar. Sin embargo, las mejores prácticas en el ámbito internacional demuestran que el empleo juvenil es un medio para mejorar la formación de los jóvenes y motorizar su progreso. La clave del éxito es incorporar en la secundaria contenidos de educación para el trabajo y promover una inserción temprana en una empresa.
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En los países desarrollados se observa que el salario docente tiende a ser similar al PBI per cápita. Este sería, aproximadamente, un nivel razonable de remuneración de los educadores en función de las posibilidades de cada país. Por eso, resulta muy sugerente que en la Argentina el salario docente haya superado el PBI per cápita. El problema es que la situación es financieramente no sustentable en la medida que los docentes son empleados de las provincias, pero la Nación se apropia de tres cuartos de la recaudación. Otro grave desvío es que se remunera con igual salario al docente que trabaja y se esfuerza, y al que ni siquiera da clases.
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En la presentación del Plan Quinquenal de Educación se destacó el crecimiento de la inversión en educación, pero fueron nulas las referencias a los pobres resultados alcanzados. El fracaso educativo, que testimonian las propias estadísticas oficiales, es el resultado de multiplicar los recursos sin sentido estratégico. Para revertir la situación no alcanza con proclamar metas. Es fundamental respetar la responsabilidad de las provincias en la gestión de la educación, redefinir el régimen de coparticipación y crear un sistema de evaluaciones educativas riguroso a cargo de la Nación que induzca a las provincias a mejorar la gestión.
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