Informes Nacionales
A pesar de que se realizó un esfuerzo inédito de inversión en educación, llegando a superar la meta fijada en la Ley de Financiamiento Educativo del 6% del PBI, la formación que recibe la mayoría de los jóvenes, especialmente los más pobres, es cada vez más deficiente. Esto demuestra que la calidad de la educación no depende sólo de contar con más docentes mejor remunerados sino que también hacen falta reglas que estimulen la superación y la excelencia. Los justificativos de la máxima autoridad de educación a la toma de las escuelas ilustran de manera palmaria esta desorientación y pérdida de valores en la comunidad educativa.
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La política de subsidiar a empresas públicas está mostrando su costado más oscuro. A partir de ahora, el Estado nacional no podrá comprar los pasajes aéreos a la empresa que le ofrezca el mejor precio o servicio sino que obligatoriamente deberá hacerlo con Aerolíneas Argentinas. A la enorme masa de subsidios explícitos que recibe Aerolíneas –muy superiores, por ejemplo, a los que con mucha reticencia se le transfirió a la Provincia de Buenos Aires– se suma esta vía solapada de asignarle fondos públicos. El gobierno de Uruguay muestra, con el caso de PLUNA, un camino alternativo mucho más consistente con la equidad social.
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Los países europeos en crisis dirimen entre aplicar una reducción explícita y nominal de salarios y gasto público, o apelar a la inflación para realizar el mismo ajuste, pero a través de licuar las remuneraciones y el gasto del Estado. Esto último es lo que hizo la Argentina en los años 2002 y 2003 cuando aplicó una fuerte licuación de salarios vía inflación. Lamentablemente, las dificultades fiscales de las provincias y la pérdida de competitividad de las empresas sugieren que, sin un cambio de rumbo, la Argentina va camino hacia un nuevo ajuste.
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La Corte dio una señal de que en el cálculo del haber previsional hay que aplicar una fórmula que garantice una razonable proporcionalidad con el salario. La normativa vigente no garantiza esta regla ya que la mayoría de los trabajadores recibirá, cuando se jubile, haberes inferiores a los que la Justicia entiende como razonables. El origen del problema es no haber ajustado los parámetros del sistema cuando se eliminó el régimen de capitalización. Así, emerge un nuevo factor de litigiosidad que se suma a los masivos juicios por insuficiente movilidad.
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Datos referidos al primer semestre del año confirman que el crecimiento de la recaudación impositiva se desacelera y, con ello, los recursos que automáticamente se transfieren a las provincias. El cambio no es abrupto y, por lo tanto, sus consecuencias no deberían generar grandes dificultades. Sin embargo, la dinámica fiscal de un gasto público que no cesa de crecer, montada en el marco de un contexto internacional inéditamente favorable, no es sostenible. De no mediar un cambio de estrategia, las dificultades que exterioriza la Provincia de Buenos Aires deberían considerarse como el primer síntoma de una crisis fiscal más profunda y generalizada con riesgo de contagiar al resto del país.
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El sector público presenta un alto y creciente déficit, por eso necesita cobrar más impuestos. El origen de los desequilibrios radica en decisiones avaladas con amplios consensos, como las estatizaciones, las moratorias previsionales, el aumento del empleo público y el atraso tarifario. El hecho de que todo lo recaudado por el impuesto a las ganancias de las personas financie apenas un cuarto de los subsidios a empresas públicas y privadas ilustra la magnitud fiscal de estas decisiones. Por eso, carece de lógica avalar estas políticas y simultáneamente rechazar el aumento de impuestos a las ganancias. A menos que se pretenda que el mayor gasto público lo paguen los más pobres con más impuesto inflacionario.
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Una reciente reforma en Uruguay permite crear empresas de manera muy ágil y poco costosa. Así, el país oriental se coloca a la altura de Chile, líder en la región en facilitar los negocios. En la Argentina, en tanto, se opta por el camino de dificultar la legalidad de la actividad económica a través de la multiplicación de trabas administrativas y burocráticas. Entre las más recientes se destacan las trabas para exportar, importar y realizar operaciones cambiarias. Mientras los países vecinos progresan con políticas racionales, transparentes y generadoras de inversión, en la Argentina crece la burocracia que fatalmente se paga con menos calidad de vida.
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Se anunció un nuevo plan para atacar el déficit habitacional. Es cuestionable que se usen fondos previsionales a tasas muy por debajo de la inflación. Pero la mayor debilidad es que no se tiene en cuenta que para ofrecer un hábitat adecuado hacen falta, además de terreno y viviendas, servicios básicos. Actualmente más de 5 millones de hogares carecen de acceso a agua, cloaca o gas con conexión a red. La vía para no seguir acumulando frustraciones es generar las condiciones para que el ahorro interno, en lugar de fugarse, se canalice a financiar créditos hipotecarios y las inversiones en infraestructura.
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Desde hace varios años el crecimiento del gasto público es vertiginoso. La principal fuente de financiamiento ha sido el aumento de la recaudación impositiva que vino creciendo a tasas superiores al 30% anual. Ahora aparecen evidencias de que el crecimiento de los ingresos tributarios se apacigua. El gobierno nacional parecería inclinado a delegar –vía negación de recursos a las provincias– la responsabilidad de liderar el ajuste fiscal. La estrategia es atractiva, por los dividendos políticos de erosionar la imagen política de potenciales contendientes electorales, pero no brinda solución al problema del creciente gasto público que no se puede financiar.
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Las polémicas que se desataron ante el anuncio –luego desmentido– de que se actualizarían los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias desnudan contradicciones y una alta dosis de hipocresía. En los discursos se defiende enfáticamente la idea de un sector público con alta participación en la economía, ocupando un rol activo a favor de una distribución del ingreso más igualitaria. Pero, en paralelo, es muy fuerte el rechazo a aportar financiamiento al Estado a través del impuesto a las ganancias de las personas, el tributo que más contribuye a la igualdad social.
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