Para seguir bajando la pobreza hay que reducir la inflación

La actualización del relevamiento sobre la incidencia de la pobreza señala que en el 2° semestre del 2017 el 18% de los hogares y el 26% de la población de los 31 aglomerados urbanos más grandes del país son pobres. Esto es, tienen ingresos familiares totales del orden de los $11 mil mensuales, en promedio, lo que les impide alcanzar el valor de su Canasta Básica Total promedio que se estimó en los $17 mil mensuales.

Los datos de pobreza del INDEC deben ser tomados todavía con extrema cautela ya que hay indicios de que subsisten deficiencias en el relevamiento de la información. Uno de ellos es que aproximadamente un 20% de hogares que integran la muestra, con una gran dispersión según la ciudad de que se trate, no tiene registrados el total de sus ingresos. De todas formas, a niveles más agregados la información aumenta en confiabilidad.

Dado que la incidencia de la pobreza está muy asociada a los niveles de inflación, con la encuesta de hogares del INDEC se pueden trazar para el 2018 los siguientes escenarios:

• Si la inflación se mantiene en el entorno del 20% anual, la pobreza se va a ubicar en el orden del 24% de la población.
• Si la inflación baja al 15% anual –meta que se fijó el Gobierno– la pobreza se reduciría al 23% de la población.
• Si la inflación fuera del 5% anual –más a tono con la normalidad en base a la experiencia de los países vecinos– la pobreza afectaría al 20% de la población.

Estos datos muestran que la meta de inflación adoptada resulta muy modesta en términos de logros sociales. Suponiendo que se cumpliera con la meta de inflación fijada por el Gobierno, la reducción de la pobreza sería ínfima. La razón es que los aumentos de precios siguen siendo muy altos lo que daña los presupuestos familiares, en especial, los de la gente más humilde. El otro punto relevante que muestran estas simulaciones es que, aun logrando tasas de inflación cercanas al 5%, la pobreza se mantendría alta. Esto confirma que bajar sustancialmente la inflación es una condición necesaria, pero no suficiente, para marchar hacia la meta de Pobreza Cero.

El comportamiento que vienen mostrando los precios en los primeros meses del 2018 enciende una señal de alerta. La inflación tiende a ubicase en niveles superiores a los observados en los últimos meses del año pasado, lo que hace prever que la pobreza va a dejar de bajar e incluso hasta puede revertir su tendencia descendente. Para que la reducción de la pobreza observada en el segundo semestre del año pasado no sea un fenómeno efímero es necesario un ordenamiento de las cuentas públicas lo suficientemente profundo como para darle sustentabilidad y velocidad al proceso de reducción de la inflación.

Para avanzar en este sentido es clave apegarse a una estrategia que contemple una correcta ejecución de roles entre jurisdicciones. El Gobierno nacional debería asumir que su principal contribución para bajar la pobreza es reducir la inflación. Esto marca la trascendencia social de aumentar la velocidad en el ordenamiento de las cuentas públicas. Para ello, es clave eliminar una gran cantidad de programas nacionales de educación, salud, desarrollo social, vivienda y urbanismo que se superponen con funciones provinciales y municipales. Aunque parezca contradictorio, estos programas no contribuyen a mejorar la situación social sino a potenciar las ineficiencias. En la misma línea, es central una reforma integral del sistema previsional que reduzca los desequilibrios a partir de eliminar superposiciones de beneficios y tratamientos especiales para ciertos grupos de personas.

Reduciendo la inflación a niveles normales (5%), se hace más explícito el desafío de reducir la pobreza estructural (20%). Para esto, son las provincias y los municipios los que deben asumir con eficiencia la gestión de los sistemas de educación y salud pública, urbanismo, vivienda, seguridad y asistencia social ya que son sus responsabilidades. La Nación no tiene posibilidades de sustituir estas funciones pero puede contribuir incentivando la adopción de buenas prácticas. Una tarea muy importante en esta dirección es medir y difundir resultados para promover así un mayor control social en cada localidad.