PASAR DE PLAN DE SALUD A SEGURO DE ENFERMEDAD

Los recursos de la medicina privada sufrieron un golpe duro con la inflación

El indicador que muestra la evolución de los recursos de la medicina privada sigue mostrando un fuerte deterioro en términos reales. La historia comienza en diciembre de 2017 cuando unos meses después de desata la crisis cambiaria, lo cual genera una fuerte aceleración inflacionaria, haciendo que los precios de la medicina privada cayeran entre un 10% y 15% en términos reales en abril del 2019. 

En la segunda mitad del 2019, las Superintendencia de Salud (SSS) otorgó aumentos nominales importantes que permitió terminar el 2019 (o comenzar la gestión del actual gobierno) con un nivel de precios reales similar a diciembre del 2017, cuando se había iniciado la crisis.

Pero en el 2020 vino la pandemia, un rígido congelamiento de precios que duró prácticamente todo el 2020 (con lo cual hubo una fuerte caída en el valor real de los precios de la medicina privada, que es lo que se ve en el Gráfico 1), y en la primera mitad del 2021 hubo idas y vueltas del gobierno en materia de autorización de precios de la medicina privada que le hicieron perder al sector casi 30% de recursos en términos reales en julio del 2021.

En la segunda mitad del 2021 vino una recomposición que llevó la pérdida a entre un 15% y 20% en términos reales. Luego vino el 2022 con la aplicación automática del Índice de Costos de Salud que estabilizó la pérdida en este nivel de entre 15% y 20%. En Enfoque pasados se mostraba que la fórmula automática no recompone precio. Evita que el daño se agrave. Pero no más que eso.

El 2023 vino con la doble fórmula (Índice de Costos de Salud y 90% del RIPTE) lo que volvió a deteriorar los recursos reales de la medicina privada. Actualmente se encuentra entre un 20% y un 25% debajo de lo que estaba en diciembre del 2019. Esta es una situación de exigente restricción de recursos que la sufren los prestadores médicos como profesionales de consultorio y el equipo de salud (médicos, enfermeras, mucamas, auxiliares, personal de mantenimiento, etc.) de las clínicas y hospitales privados.

Pero, si hay cambio de gobierno: ¿Hay esperanzas?

La realidad no depende sólo de la voluntad. La realidad también depende de las condiciones materiales que genera la sociedad. En el caso particular de la medicina privada, las condiciones materiales están determinadas por la evolución del salario real de los trabajadores formales de la economía, que es la fuente originaria tanto de los aportes y contribuciones salariales como de los pagos de bolsillo.

Aquí las perspectivas no son alentadoras. La forma de ver esto es sumando al Gráfico 1 la evolución de la mediana del salario real de los trabajadores formales de la economía. Esto se presenta en el Gráfico 2.

Como se puede observar en el Gráfico 2, los salarios reales de la economía han tenido un derrotero muy similar al del precio de la medicina privada. La crisis cambiaria del 2018 – 2019 hizo caer el salario real, al punto tal que, en diciembre 2019, cuando se va al anterior gobierno, y sube el actual gobierno, el salario real formal de la economía estaba un 15% respecto a diciembre 2017 (antes de la crisis cambiaria).

De hecho, la recomposición de los precios de la medicina privada en diciembre 2019 dolió en los presupuestos familiares ya que el salario real no se había recompuesto. En cualquier caso, después vino un “respiro” para las familias con el congelamiento a la medicina privada por la pandemia (en el Gráfico 2 esto se observa con la caída de los precios reales de la medicina privada por debajo del salario real). Pero, lo cierto es que el salario real de la economía nunca se recuperó, a pesar de todos los anuncios y promesas del gobierno de recuperar el salario real. 

No es que el gobierno no tuvo voluntad para subir el salario real. No tuvo voluntad para bajar la inflación y la inflación mata salario real.

En este sentido, es interesante observar el Gráfico 3. Allí se presenta la tasa de inflación anual y el crecimiento de los salarios nominales de los trabajadores formales. Obsérvese que cuando la inflación se acelera (2018 – 2019) los salarios nominales crecen, pero por debajo de la tasa de inflación.  

En el 2021 los salarios nominales tendieron a recuperar lo perdido durante el 2020. Pero a partir del 2022, la inflación se vuelve a acelerar y la inflación vuelve a crecer por detrás. A abril del 2023, el aumento interanual del salario nominal empata con la inflación interanual, pero la inflación sigue acelerada al punto que en julio 2023 ya llega al 116% interanual. Habrá que ver qué pasa con los salarios a julio 2022, pero –con seguridad– en el mejor de los casos empata, difícilmente le gane a la inflación. En la dinámica inflacionaria de crecimiento, los salarios no pueden ganarle a la inflación.

El salario real solo puede recuperarse cuando la inflación se reduce a un dígito anual, vuelven las inversiones productivas en empresas privadas, aumenta la demanda laboral por parte de las empresas y esto lleva a un aumento del salario real. Este escenario es muy difícil que se produzca en el corto plazo del nuevo gobierno. La crisis es muy profunda. 

El Banco Central está exhausto de reservas, su deuda con los tenedores de plazos fijos (Leliq) asciende a 3 veces la base monetaria, el Tesoro nacional ya no tiene capacidad de tomar nueva deuda y la deuda que tiene está indexada por inflación o dólar y los importadores privados (que importan bienes de capital, insumos y repuestos) acumulan deudas con sus proveedores extranjeros por la falta de dólares del Banco Central. Las instituciones económicas del país y las empresas están sobre-endeudadas en dólares. Esto señala que la vuelta a la estabilidad de precios, el crecimiento de la economía y el crecimiento del empleo y el salario formal no están a la vuelta de la esquina.

Recomendación de política

No queda otra posibilidad que ordenar las reglas de la medicina privada. Esto supone un cambio de enfoque en cómo entender los “planes de salud”. Cuando se creó el Programa Médico Obligatorio (PMO), en 1996, el listado de prestaciones que comprendía eran esencialmente prestaciones médicas. Con el transcurrir del tiempo se le fueron adicionando prestaciones al PMO que no son estrictamente de atención médica. 

Se trata de los servicios sociales de la discapacidad (que está absorbiendo muchos recursos del financiamiento privado asignado a la atención médica), de los servicios sociales de las adicciones, de los servicios sociales relacionados con la salud mental, las fertilizaciones asistidas (que si bien han avanzado tecnológicamente han aumentado sus costos muy por encima de lo que mejoraron su efectividad) y el financiamiento de la innovación en medicamentos biológicos (que esto sí es atención médica, pero con costos extraordinariamente altos y no dejan de tener un componente de investigación). En el marco de recursos que se caen en términos reales por la inflación de costos, la “inflación de obligaciones” en el PMO hizo que el financiamiento de la medicina marche hacia la inviabilidad. 

Los afiliados ya lo están sufriendo con ajustes de cuotas mensuales, aumentos de copagos y las dificultades para conseguir turno con los profesionales de consultorio o el abarrotamiento de los centros de diagnósticos (laboratorio, imágenes). 

A las nuevas autoridades sanitarias que empiecen a ejercer en diciembre de este año más que más recursos (que no los hay) habría que exigirles más racionalidad. Esto implica empezar a abandonar la idea de “planes de salud” (donde la palabra “salud” es muy extensiva y genérica y da lugar para incorporar cualquier cosa) y empezar a tomar a los financiadores de la salud como “seguros de enfermedad”. 

La diferencia no es trivial. En un “seguro de enfermedad” el seguro está presente cuando la persona está enferma y no cuando tiene alguna necesidad de lo que ella considera “salud” lo que lleva a planes con cantidades ilimitada de consultas, medicamentos y estudios médicos, servicios sociales de la discapacidad, las adicciones, la salud mental y la reproducción asistida, y en innovaciones en medicina que todavía están en fase de experimentación.

Los servicios sociales de la discapacidad corresponden que sean financiados con el presupuesto públicos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), los de adicciones con el presupuesto del Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR), los de salud mental con el organismo encargado de tal función en el Ministerio de Salud, las fertilizaciones asistidas deberían estar muy reguladas sólo para algunos casos especiales y co-pagadas y la innovación en medicamentos biológicos debería ser financiada con un fondo nacional de cobertura universal y gestión con protocolos y guías clínicas para tender a garantizar la medicina basada en evidencia. 

Más recursos no hay. No queda otra que empezar a ordenar las reglas.