Informe Nº: 09/02/2022
Junto con la tarea de bajar los subsidios a los servicios, hay que avanzar en el ordenamiento del sector público: la Nación tiene que dejar de administrar y subsidiar los servicios del AMBA
El déficit fiscal, como la inflación, es multicausal. Por un lado, tiene componentes estructurales de largo plazo, como por ejemplo el sistema previsional. Las reglas previsionales tienen acumuladas una multitud de distorsiones que llevaron al sistema al desequilibrio. Tomando el sistema nacional y provinciales con cajas no transferidas, se tiene que hay más gente que se jubila con regímenes especiales que con el régimen general.
En otras palabras, el régimen general dice que las personas se jubilan a los 65 años varones y 60 mujeres con 30 años de aportes y cobrarán la Prestación Básica Universal (PBU), que son $13.294 más 45% del salario y los ajustes posteriores se harán por regla de movilidad.
Sin embargo, estas reglas se aplican a menos de la mitad de las personas. A más de la mitad se le aplica algún régimen diferente al general por el cual se jubilan antes, con menos años de aportes, con un porcentaje del salario mayor y una regla de movilidad que se hace con el salario de actividad. Un primer ordenamiento significa tender a unificar a todas las personas en el régimen general. Como se puede prever, este es un cambio que hay que hacer hoy para tener plena vigencia dentro de 30 años.
Lo mismo sucede con la doble cobertura previsional. Hay más de un millón de personas que acumula jubilación con pensión por sobrevivencia y las reglas previsionales permiten acumular hasta 3 beneficios. El ordenamiento aquí consiste en eliminar la pensión por cónyuge (instituto pensado en los años ’40 y ’50 del siglo pasado cuando la mujer no tenía inserción laboral) en el entendido que las personas sin aportes tienen derecho a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esto es, ninguna persona pasada la edad jubilatoria se queda sin cobertura previsional. Este cambio, como el anterior, es una decisión que se toma hoy y sus impactos recién se empiezan a percibir con notoriedad dentro de 5 años.
En suma, el ordenamiento previsional es esencial para ordenar las cuentas públicas, pero toma tiempo en mostrar su tendencia al equilibrio fiscal. Como es un tema políticamente ríspido sin impactos de corto plazo se tiende a postergarlo, lo cual es un error porque el desorden previsional desatendido tiende a agravar la no sustentabilidad fiscal.
Luego hay factores estructurales de déficit fiscal de corto plazo. Aquí se anota el desorden funcional del Estado en sus tres niveles de gobierno. El Estado Nacional tiene una cantidad de ministerios en temas sociales (salud, educación, asistencia social, vivienda y urbanismo, medioambiente, etcétera) que se superponen con los mismos ministerios a nivel provincial y direcciones a nivel municipal. Esto significa que el sector público consolidado está gastando entre dos y tres veces para una misma finalidad.
El ordenamiento aquí consiste en seguir el mandato constitucional por el cual las provincias y municipios se reservan para sí las competencias de gobierno no delegadas al nivel nacional, que son las funciones sociales (salud, educación, asistencia social, vivienda y urbanismo, medioambiente, etcétera). En este sentido, toda la estructura burocrática del Estado nacional a nivel de ministerios en estos temas debe ser reducida y transformada al nivel de agencias de evaluación para medir los resultados que las provincias y municipios obtienen en estas materias e informar a la sociedad sobre esos resultados. Este es un ordenamiento estructural, pero que con voluntad política se puede hacer y tener frutos en el corto plazo.
Luego están los ordenamientos de fuerte impacto en el corto plazo. Estos son los subsidios económicos. Se trata de los subsidios a la luz, gas y transporte público que el Estado Nacional hace a todo el país, pero en mucha mayor proporción al Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La historia de los últimos 5 años muestra con claridad que, cuando estos subsidios bajan, rápidamente baja el déficit fiscal, y viceversa. Ejemplo: en el 2015 el déficit fiscal era de 3,8% del PIB y los subsidios económicos, de 4,2% del PIB. Comienza un proceso de reducción de estos subsidios y se llega al 2019 con los subsidios económicos a 1,6% del PIB y el déficit primario en 0,4% del PIB. Vuelve un tiempo de aumentos de los subsidios económicos que los llevan al 3% del PIB igual que el déficit primario que está en el mismo porcentaje. De aquí la centralidad con que el FMI insiste en reducirlos para bajar el déficit fiscal.
Pero no se debe caer en el fiscalismo de creer que con reducirlos se termina el problema. Los subsidios económicos requieren un ordenamiento del sector público. En este sentido, hay que tener presente la organización de las competencias que manda la Constitución. En el caso de la electricidad, la generación y el transporte son competencias de la Nación, mientras que la distribución al usuario final es competencia de las provincias. Bajo la misma lógica el transporte urbano es competencia provincial y municipal.
Sin embargo, en el caso particular del AMBA, la distribución de la electricidad y el transporte urbano todavía siguen a cargo del Estado Nacional. Esto es porque no se trasladaron estas funciones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cuando se creó en 1996.
Por esta razón, el Estado Nacional termina financiando, con fondos federales, subsidios a los servicios públicos que deberían ser financiados por la CABA y la provincia de Buenos Aires en el conurbano. Un avance ordenador clave es trasladar estas competencias a estas dos jurisdicciones y ellas decidir si mantienen los subsidios y, de hacerlo, financiarlos con sus propios recursos.
En suma, junto con bajar los subsidios hay que avanzar en el ordenamiento del sector público por el cual la Nación tiene que dejar de administrar y subsidiar los servicios del AMBA eliminando los irritantes privilegios que se dan respecto al resto del país.
