Informe Nº: 41126/10/2011
Más allá de sus debilidades y desactualización, la coparticipación opera con un sentido federal y progresivo. Sin embargo, por diversas vías la Nación se apropia de recursos que deberían ser coparticipados, llevando la centralización a niveles extremos. Esto deriva en situaciones muy negativas como, por ejemplo, que en el proyecto de Presupuesto 2012 los subsidios a empresas públicas […]
Más allá de sus debilidades y desactualización, la coparticipación opera con un sentido federal y progresivo. Sin embargo, por diversas vías la Nación se apropia de recursos que deberían ser coparticipados, llevando la centralización a niveles extremos. Esto deriva en situaciones muy negativas como, por ejemplo, que en el proyecto de Presupuesto 2012 los subsidios a empresas públicas y privadas –fuente de inequidades y sospechas de corrupción– superen la coparticipación de las diez provincias del norte argentino, la región más pobre y postergada del país.
Para lograr un proceso armónico y sostenido de desarrollo económico y social, uno de los requisitos fundamentales, en la lógica del régimen federal que estipula la Constitución Nacional, es que las provincias acrecienten sus capacidades institucionales, cuenten con recursos fiscales suficientes y autonomía en las decisiones. Bajo estas condiciones, se espera que los mecanismos democráticos y republicanos induzcan a las provincias a adoptar políticas sanas y concordantes con las aspiraciones de su población. Por eso, la coparticipación federal de impuestos tiene un rol central, tanto porque atenúa las asimetrías regionales en la distribución de recursos como porque genera las condiciones para que las provincias desarrollen sus propias capacidades.
Sin embargo, en la práctica, la coparticipación tiene un rol cada vez más insignificante, llevando a que las decisiones se concentran en el gobierno nacional. La centralización lleva asociada consecuencias sociales y económicas muy negativas, como inequidad regional, distribución regresiva del ingreso, condiciones para la corrupción e ineficiencias. Peor aún, contamina el sistema político. Con alta centralización, el principal atributo que puede mostrar un dirigente provincial es la subordinación al poder central.
En el proyecto de Presupuesto 2012 abundan testimonios en este sentido. Por ejemplo, para el año 2012 se proyecta que:
Los datos oficiales muestran que del total de ingresos fiscales que se estima recaudar en el año 2012, apenas el 25% irá a las provincias a través de la coparticipación. De esta parte, un 34% se destinará a las 10 provincias más pobres del país. Dado que en esta región vive poco menos del 20% de la población, es claro que a pesar de sus debilidades la coparticipación es un mecanismo progresivo y federal. El problema es que lo que se distribuye a través de ella es apenas 1 de cada 4 pesos.
De la centralización extrema, emergen asignaciones de recursos reconocidamente regresivas, altamente sospechadas de corrupción y generadoras de atraso político, económico y social, como los subsidios a empresas. En la misma línea se enmarcan los subsidios a las ONGs, como la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En el proyecto de presupuesto 2012 enviado al Congreso se propone distribuir entre ONGs $ 10 mil millones, una cifra mucho mayor a la coparticipación de cualquier provincia del norte argentino. La provincia de Chaco, que es la que más recibe, apenas recibirá $8 mil millones.
Es cierto que parte de los recursos centralizados en el nivel nacional está previsto que se transfiera a las provincias ($40 mil millones)que se suman a los que recibirán a través de la coparticipación.Pero esto no es la solución sino una manera de potenciar la decadencia. Al distribuirse los recursos discrecionalmente desde el nivel central se promueven las actitudes serviles, contaminando y degradando los sistemas políticos locales.
La centralización no responde a una política consensuada sino que es “hija” de los hechos consumados y el oportunismo. Por ejemplo, en el marco de la crisis del 2002 y bajo las condiciones excepcionales que generaba la megadevaluación se comenzaron a aplicar muy altasretenciones, impuesto que no es coparticipable salvo una pequeña fracción de las retenciones a la soja. El impuesto al cheque nació con carácter transitorio asociado a una emergencia, pero se perpetuó y se distribuye sólo el 15% a las provincias. En el año 2008 se eliminó el sistema de capitalización, pero los legisladores se “olvidaron” que la apropiación del 15% de la masa coparticipable a favor de la ANSES fue establecida para financiar la transición de la reforma hacia la capitalización previsional.
La centralización extrema de recursos dentro de un régimen federal tiene impactos políticos, sociales y económicos muy perversos. De no mediar un drástico cambio, la Argentina no tiene posibilidades de generar un proceso genuino de desarrollo social sostenido.
