Informe Nº: 08/09/2021
Al 1er trimestre de 2021, 12 millones de argentinos se encontraban con empleo en los aglomerados urbanos relevados por la EPH. Comparando con lo que sucedía 4 años atrás (en 2017), el empleo creció 5,8% (casi a la par del 5,1% al cual creció la población). Sin embargo, el dato global oculta mucho, principalmente porque hubo una precarización importante dentro de los ocupados.
Para el mismo período, el segmento de los ocupados demandantes de empleo, creció un 25,4% (pasaron de 1,75 millones a 2,2 millones de personas). Si se sumaran los desocupados (1,4 millones), daría que un total de 3,6 millones de personas estaban buscando activamente empleo (el 26,7% de la población activa).
Muchos factores influyen en que alguien no esté satisfecho con su empleo, pero en los últimos años no se puede ignorar el peso del deterioro económico y laboral. De 2017 a la fecha, la tendencia a nivel nacional ha sido del cierre de empresas, y de cada vez menos empleo formal (sólo crecieron las categorías ocupacionales menos productivas). Primero, las crisis cambiarias de 2018 y 2019 y actualmente con la pandemia.
¿Cuál es el perfil de los ocupados que buscan empleo comparado contra el de los ocupados que no buscan?
Por otro lado, es necesario adicionar a lo anterior, el fenómeno de la subocupación horaria. En el 1er trimestre de 2017 estaba en torno al 10% y actualmente se ubica en el 12%. Si a la baja productividad en el empleo se le agrega que se trabajan pocas horas, eso se traduce en un trabajador que cobra poco, no le va a alcanzar para vivir y va a querer conseguir otro trabajo.
Es central el problema de los salarios
Con salarios que apenas permiten cubrir la línea de pobreza, la mayoría de los trabajadores se enfrenta a salarios de subsistencia, es decir trabajan para vivir.
Para subir los salarios reales es necesario que la economía en conjunto sea más productiva, es decir, cabe preguntarse cómo producir más y mejor.
En este contexto, las soluciones que puede dar el asistencialismo son parciales. Es fundamental generar un contexto que incentive la inversión privada y el compromiso del sector público para priorizar la inversión en infraestructura y fundamentalmente en capital humano y educación de la gente. Esto requiere, como paso fundamental, una reforma integral y profunda del Estado.
