Informe Nº: 46818/11/2012
En la última década, el Producto Bruto Interno experimentó un importante crecimiento. La mitad de este fuerte crecimiento de la economía fue absorbida por el aumento del gasto público. En paralelo, la gente percibe que el esfuerzo de pagar más impuesto es desproporcionado con respecto a los pocos beneficios que recibe del Estado. El problema […]
En la última década, el Producto Bruto Interno experimentó un importante crecimiento. La mitad de este fuerte crecimiento de la economía fue absorbida por el aumento del gasto público. En paralelo, la gente percibe que el esfuerzo de pagar más impuesto es desproporcionado con respecto a los pocos beneficios que recibe del Estado. El problema no es el tamaño del gasto público sino la falta de sentido estratégico y las deficiencias en su gestión. Para legitimar la alta presión impositiva se necesita un razonable rendimiento social en el uso de los fondos públicos.
El anuncio de que el medio aguinaldo de diciembre no será computable para el pago del impuesto a las ganancias es un alivio para los asalariados de ingresos medios y altos alcanzados por este impuesto. De todas formas, el impacto es limitado y transitorio porque se aplica por única vez, mientras que los parámetros de cálculo del impuesto a las ganancias siguen desactualizados. Esto significa que se sigue aumentando la incidencia del impuesto a las ganancias al mismo ritmo que se incrementan los precios. A esto se suman los aumentos que imponen las provincias en ingresos brutos y revalúos de las propiedades, y los incrementos de tasas que viene aplicando la mayoría de los municipios. Así, la presión impositiva total (nacional, provincial y municipal) sigue creciendo, erosionando la capacidad competitiva de los sectores productivos y los ingresos de las familias.
En una reciente publicación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se presentan estadísticas sobre evolución de los ingresos y los gastos del sector público global, es decir, los conceptos correspondientes a los gobiernos federales, estaduales y locales de los países desarrollados y emergentes de mayor relevancia (donde aparece la Argentina). Según esta fuente, se observa que entre los años 2006 y 2012 las finanzas públicas argentinas mostraron el siguiente comportamiento:
· Los ingresos del sector público total subieron de 30% a 38% del Producto Bruto Interno (PBI).
· Los egresos del sector público total pasaron de 31% a 43% del PBI.
· Esto implica que el resultado financiero del sector público total pasó de un desequilibrio de -1% a -5% del PBI.
Estos datos muestran que, en 6 años, la presión impositiva total (consolidando los tres niveles de gobierno) creció en aproximadamente 8 puntos porcentuales del PBI. Se trata de un récord histórico para la Argentina, con pocos antecedentes en el mundo. Sin embargo, fue insuficiente para financiar el enorme incremento del gasto público que llegó a casi 12 puntos porcentuales del PBI. Se trata de otro récord. De los 30 países emergentes de mayor importancia que analiza el FMI, ninguno muestra tamaño crecimiento en el gasto público. Tan elevado ha sido el aumento del gasto público, que su crecimiento absorbió la mitad de lo que creció el Producto Bruto Interno (PBI) de toda la economía.
Que el Estado se apropie de la mitad del crecimiento de la economía implica que los individuos sólo pudieron disponer de la otra mitad del incremento en el PBI. Esto no sería un problema si el Estado hubiese invertido en infraestructura económica para elevar la competitividad de las empresas y en infraestructura social para elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero los déficits en ambos aspectos son visibles.
Parte del crecimiento del gasto público responde a subsidios a empresas otorgados de manera poco transparente y, en muchos casos, sospechados de corrupción. Mientras tanto inversiones estratégicas en infraestructura siguen pendientes. La prueba es el deterioro de la red eléctrica nacional, el gas, las inundaciones, el deterioro del sistema vial por ausencia de un sistema ferroviario de cargas, la poca densidad de autopistas para un parque automotor creciente y la limitada operatividad de los puertos y los ríos.
Otra parte se explica por el gasto social. Comparado con otros países que crearon programas de transferencias condicionadas, la Asignación Universal por Hijo opera bajo un diseño y gestión mediocre. Parte importante de las moratorias previsionales se filtró a hogares de altos ingresos y gente con cobertura previsional. Los recursos a educación pública no pudieron revertir la alta tasa de repetición en primaria, deserción en secundaria y bajos rendimientos educativos. Los recursos para seguridad no se tradujeron en menos delitos y mayor tranquilidad para la población.
La exención al medio aguinaldo no resuelve la resistencia a la alta presión impositiva. Una respuesta más atinada sería cambiar de prioridades en la asignación de los recursos públicos y dotar de un manejo más profesional al Estado. Así, el esfuerzo que implica pagar tan altos impuestos sería legitimado por más y mejores servicios públicos a la población.