Educación
Por Jorge Colina
En la visión del Gobierno, el DNU es constitucional porque la emergencia sanitaria de la pandemia justifica tomar facultades extraordinarias para decidir sobre temas de salud, educación y la libertad de circular. Pero lo cierto es que la propia Constitución Nacional establece en su artículo 121° que “…las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal”. Es decir, que si la provincia no delegó expresamente una facultad a la Nación, dicha facultad es de la provincia. (más…)
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Las pruebas APRENDER 2017 muestran que las escuelas del Estado tienen peores resultados que las privadas. Esto implica que los pobres acceden a una educación de peor calidad. Mejorando la gestión de las escuelas estatales y las formas de financiamiento de la educación se podría evitar esta grave inequidad social.
VERAceptar que las escuelas estatales son para los pobres y las privadas para las familias de ingresos medios y altos profundiza la fragmentación social. Sería más equitativo y eficiente darles a las familias más humildes la posibilidad de elegir también una escuela de gestión privada con financiamiento y control del Estado. (más…)
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Los problemas de las universidades públicas no se resolverán asignando más fondos públicos. Es imprescindible mejorar la gestión e innovar con nuevas fuentes. Una de ellas podría ser una sobretasa del impuesto a las ganancias a las familias con hijos universitarios y a los egresados de la universidad pública.
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Las pruebas educativas muestran que los déficits de aprendizajes persisten. Esto a pesar del enorme esfuerzo desplegado para aumentar los presupuestos educativos, fundamentalmente contratando más docentes y mejorando sus salarios. Las evidencias son contundentes en que la prioridad en educación dejó de pasar por asignar más recursos y debe pasar a innovar en la gestión. (más…)
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En la última década se expandió la cantidad de docentes de las escuelas primarias del Estado, mientras que la matrícula cayó. Es decir que el Estado aumentó la inversión, pero las familias se fugaron a las escuelas privadas. Esto sugiere la pertinencia de introducir en la remuneración docente el presentismo. (más…)
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Si bien la Ley de Educación Nacional del año 2006 estableció la evaluación como política para la calidad educativa, pasó más de una década para que se anunciara la evaluación de los docentes. El rechazo y las polémicas carecen de sustento ya que la evaluación docente es una buena práctica educativa, muy utilizada en otros países e imprescindible para que los crecientes recursos que se invierten en salarios y cargos docentes redunden en mejor educación de los alumnos.
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Aún cuando se hizo un gran esfuerzo para aumentar la inversión en educación, las mediciones de la calidad confirman la decadencia. La nueva ley que se propone debatir persiste en el camino de sumar recursos a la infraestructura escolar y a los docentes. Más pertinente sería asumir que la crisis es terminal y que la vía para superarla es revolucionando las escuelas en base a un uso intensivo e innovador de las nuevas tecnologías junto con el replanteo del rol de los docentes.Aun cuando se hizo un gran esfuerzo para aumentar la inversión en educación, las mediciones de la calidad confirman la decadencia. La nueva ley que se propone debatir persiste en el camino de sumar recursos a la infraestructura escolar y a los docentes. Más pertinente sería asumir que la crisis es terminal y que la vía para superarla es revolucionando las escuelas en base a un uso intensivo e innovador de las nuevas tecnologías junto con el replanteo del rol de los docentes.
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La fuga de las familias enviando sus hijos a escuelas privadas es persistente. Si bien el fenómeno responde a muchos factores, uno muy importante es la intensificación de las huelgas ocurridas a partir de la intromisión del Ministerio de Educación nacional fijando salarios que luego tienen que ser pagados por las provincias. Volver al esquema en el que cada provincia fije el salario de sus docentes es un primer paso para revertir la decadencia de las escuelas estatales.
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El gobierno nacional anunció la decisión de dejar de interferir en la negociación de los salarios docentes. Esto es consistente con el hecho de que son las provincias las que gestionan las escuelas y pagan la mayor parte de la remuneración de los educadores. Junto con este avance es fundamental que las provincias se aboquen a modernizar sus estilos de gestión. Los recursos que se podrían ahorrar con una mejor administración permitirían aumentar significativamente el salario docente.
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