Sector Público
Ante la requisitoria de legisladores, motivadas por el agravamiento de la inseguridad, el Jefe de Gabinete dejó traslucir que la gestión de la policía y la justicia es responsabilidad de las provincias. La respuesta es correcta, pero parcial, ya que parte del problema también se genera por la centralización de fondos públicos. De todas formas, es imprescindible una autocrítica a nivel de los gobiernos provinciales tanto por haber permitido el avasallamiento del federalismo como por perseverar en la mediocridad de la gestión en sus responsabilidades.
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La devaluación produjo un aumento extraordinario de la recaudación impositiva. Pero el incremento del gasto público fue mayor debido a una fuerte expansión de los subsidios económicos. Como era previsible, los intentos de reeditar el “modelo” están fracasando porque ahora es más difícil licuar salarios y jubilaciones en comparación con la experiencia del año 2002. Pero fundamentalmente porque el deterioro que acumulan las empresas de servicios públicos obliga a compensar el aumento de costos que produce la devaluación con mayores subsidios del Estado.
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El Estado argentino finalmente compensará a REPSOL por la estatización de YPF. Aunque se difundió como costo de la indemnización unos U$S 5 mil millones pagaderos en bonos, computando los altísimos intereses implícitos en esos títulos el costo superará los U$S 10 mil millones. Además de lo elevado del monto, el grueso de los pagos serán afrontados por los futuros gobiernos. Se trata de otro testimonio de decisiones tomadas con criterios oportunistas y poco profesionales que hipotecan el bienestar de las futuras generaciones.
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Las reservas del Banco Central duplican en términos nominales el nivel del 2001, pero ajustadas por inflación de precios en las importaciones apenas superan el nivel que había cuando cayó la convertibilidad. El agravante es que el coeficiente de importaciones (porcentaje de importaciones en relación al PBI) prácticamente duplica al que prevalecía en el 2001. Esto indica que la crisis de divisas que sufre el país es severa lo que evidencia la necesidad de cambios de estrategia.Las reservas del Banco Central duplican en términos nominales el nivel del 2001, pero ajustadas por inflación de precios en las importaciones apenas superan el nivel que había cuando cayó la convertibilidad. El agravante es que el coeficiente de importaciones (porcentaje de importaciones en relación al PBI) prácticamente duplica al que prevalecía en el 2001. Esto indica que la crisis de divisas que sufre el país es severa lo que evidencia la necesidad de cambios de estrategia.
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Los cortes en el suministro eléctrico, la inflación y la pérdida de reservas son manifestaciones de profundos desequilibrios macroeconómicos. Ni la crisis energética se resolverá aplicando multas a las empresas eléctricas, ni la inflación se detendrá anunciando acuerdos de precios, ni se recuperarán reservas desalentando los viajes al exterior. El paso fundamental es restablecer el equilibrio macroeconómico deteniendo el exacerbado crecimiento del consumo público liderado por los subsidios económicos y el empleo público redundante.
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El sector público nunca contó con tantos recursos y, paradójicamente, nunca acumuló tanto cuestionamientos de la sociedad a la calidad de los servicios que brinda. Desde familias que migran a la educación, la salud y la seguridad privada, hasta la organización para la auto-defensa o la auto-generación de electricidad con grupos electrógenos. Plantear como principio ideológico el tamaño del Estado es un camino inconducente. La calidad de vida de los ciudadanos depende de una gestión pública inteligente, transparente y profesionalizada.
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El colapso del sistema eléctrico nacional testimonia las consecuencias de haber perseverado en políticas populistas. Tarifas fijadas en valores artificialmente bajos exacerban el consumo y desalientan la inversión. Las inconsistencias se disimularon durante mucho tiempo gracias a la expansión de la capacidad de generación de electricidad en años anteriores. Pero consumidas las inversiones acumuladas en la década de los ´90 llegaron los cortes. Esto provoca enormes daños en la calidad de vida de las familias y en la productividad de las empresas.
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El envío tardío de la Gendarmería a Córdoba desembocó en un caos con consecuencias muy graves en términos de disgregación social. Se trata de otro testimonio que demuestra que agrandar el sector público, sin sentido estratégico y aplicando precaria gestión, no sólo no garantiza mejores servicios públicos sino que, en muchos casos, los empeora. Para que el Estado opere como promotor de calidad de vida y equidad tiene que dejar de ser el ámbito donde diferentes actores pujan por la apropiación de fondos públicos y adoptar una gestión más profesional.
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El nuevo gabinete debuta impulsando otro aumento de impuestos. Aunque el argumento oficial es que se busca castigar consumos “suntuarios” que drenan divisas, en realidad es una continuidad del proceso que llevó la presión tributaria a niveles récords. Para reducir de manera genuina el déficit fiscal, la inflación y la fuga de divisas una estrategia alternativa es comenzar a desmantelar el perverso mecanismo de subsidios económicos a empresas públicas y privadas. Esto, además, permitirá preservar muchos empleos de calidad.
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El impresionante crecimiento del gasto público de los últimos años es la causa principal de la alta inflación y la inestabilidad cambiaria. Resulta curioso que las áreas del sector público que más contribuyen al desborde fiscal y donde más reformas se necesitan no fueron afectadas de manera directa por el cambio de gabinete. Sin un replanteo de las decisiones de gasto público tomadas con mucha demagogia, improvisación y poco sentido de responsabilidad no hay posibilidades de detener la pérdida de reservas y recuperar el crecimiento.
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