Sector Público
La revisión de las estadísticas oficiales confirma que las manipulaciones del INDEC sobreestimaron el PBI y que el gobierno anterior sólo logró alto crecimiento económico mientras los salarios fueron bajos y los precios internacionales altos. La actitud de distorsionar las estadísticas oficiales merece un rotundo “nunca más”. Pero además es fundamental avanzar en una estrategia de crecimiento que no se base en bajos salarios sino en aumentar la productividad.
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Se multiplican las evidencias de altos niveles de corrupción. Esto no debería sorprender ya que, si bien en los últimos años se invirtió menos en infraestructura, la centralización de decisiones en funcionarios nacionales aumentó las oportunidades de malversación. Para lograr más transparencia no alcanza con funcionarios honestos y mejor acción judicial. Se necesita innovar en la institucionalidad que regula la articulación del Estado con el sector privado.
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Nuevamente la Justicia reacciona ante casos graves de denuncia de corrupción contra funcionarios públicos luego de un cambio de gobierno. No se trata de un episodio aislado de oportunismo sino de un problema estructural en la gestión del Poder Judicial. Las soluciones no pasan por seguir asignando más personal y fondos a la administración de justicia, como viene ocurriendo en los últimos años, sino por impulsar profundas reformas en el funcionamiento del sector.
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La crispación por la reducción de los subsidios en Buenos Aires es otra evidencia del centralismo prevaleciente. Es incoherente hablar de “tarifazo” cuando en el interior del país el acceso a los servicios públicos es mucho más limitado y, cuando está disponible, desde hace años que se pagan tarifas mucho más cercanas a los costos reales. El esquema de ofrecer servicios públicos casi gratis a una parte de la población a costa del esfuerzo del resto es insustentable y muy injusto.
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La actualización de la información sobre las cuentas públicas difundida por el Ministerio de Hacienda confirma el grave desequilibrio fiscal. La situación de las provincias y los municipios, en general, también es insustentable. Por eso es fundamental que el diálogo entre la Nación y las provincias no se limite a discutir la distribución de fondos entre los niveles de gobierno sino también a consensuar estrategias para reducir los déficits y mejorar la calidad de las políticas públicas.
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El debate político suscitado en las negociaciones para terminar el conflicto con los “fondos buitres” está signado por posiciones arcaicas y desenfocadas. Esto alerta sobre los riesgos de que la reinserción en los mercados de crédito sea usada para prolongar un insostenible proceso de derroche de fondos públicos y altos déficits fiscales. Además, tan acuciante es la necesidad de financiamiento que resulta recomendable evaluar mecanismos que incentiven la repatriación de capitales.
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En otro paso por normalizar la economía, el gobierno presentó una propuesta formal para regularizar la deuda con los acreedores que rechazaron los canjes. Queda pendiente que sea aceptada por los tenedores de bonos y luego aprobada por el Congreso. Pero el desafío más importante y complejo es garantizar que las nuevas oportunidades que se abrirán con el financiamiento internacional sean utilizadas en infraestructura y no para cubrir sueldos y otros gastos corrientes.
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El gobierno anunció la actualización de las tarifas eléctricas. Se pone fin así a un mecanismo de subsidios muy perverso que desencadenó una profunda crisis energética, una regresiva redistribución de ingresos a favor de los hogares de altos ingresos y agravó la discriminación contra el interior del país. Con el reajuste, tan importante como un régimen de tarifa social para los más pobres es hacer entender al resto de la población sobre los daños que generó este esquema tan irracional.
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La sucesión de hechos que enmarcan la fuga de tres presos de alto riesgo puso al desnudo el nivel extremo de degradación que sufre el sistema de seguridad. Lamentablemente, no es una excepción sino un fenómeno común que también se observa en educación, salud, infraestructura y el resto de los servicios públicos. Esta es la consecuencia de haber confundido el fortalecimiento del Estado con contratar masivamente empleados y aumentar sin criterio el gasto público.
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Sorprendió la calma con la que el gobierno pudo salir del “cepo” cambiario. Pero las bases todavía son precarias. El principal factor de inestabilidad del dólar es la masiva emisión de pesos para cubrir el déficit fiscal. Por eso, para mantener la tranquilidad hay que reducir el desequilibrio del Estado. Esto obliga a una compleja agenda de reformas donde la más urgente y necesaria es una reducción sustancial de los subsidios económicos.
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