Sector Público
Nunca hubo una presión impositiva tan elevada y tan concentrada en el gobierno nacional. Esta centralización impacta en la política, como lo prueba la forma en que se definió la mayoría de los candidatos para las próximas elecciones. La concentración de recursos y de poder en Buenos Aires resulta inconsistente con el régimen federal que contempla la Constitución y constituye el principal obstáculo para promover un proceso de desarrollo social sostenido y equilibrado.
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Tener un hijo a temprana edad conlleva altos riesgos sanitarios y sociales. Al poner trabas a las posibilidades de progreso individual de las madres aumenta las probabilidades de la dependencia del asistencialismo estatal y del sostenimiento económico del varón. Prevenir la maternidad temprana es una manera de promover oportunidades de desarrollo personal entre las mujeres pobres y, por esa vía, combatir la violencia de género. Un punto clave es un diseño más inteligente de la Asignación Universal por Hijo.
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En el marco de un vertiginoso aumento del gasto público y crecientes conflictos salariales el gobierno dispuso un nuevo cambio en el impuesto a las ganancias. Se trata de otro parche que implicará seguir aumentando la presión impositiva, la burocracia administrativa y las injusticias. Las reglas son tan complejas y arbitrarias que llevan a que con iguales ingresos se puede estar exento, pagar un monto reducido o pagar un monto muy elevado en concepto de impuesto a las ganancias.
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El crecimiento del gasto público es tan grande que ya no alcanza con la elevada presión impositiva, el consumo de reservas del Banco Central y de la ANSES, y la emisión monetaria. Por eso, se apeló a emitir deuda en dólares aceptando tasas de interés varias veces superiores a las que pagan los países vecinos. La estrategia le genera al gobierno beneficios electorales pero implica estirar una agonía cuyas consecuencias serán asumidas por el próximo gobierno.
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Las devaluaciones del tipo de cambio oficial muy por debajo de la alta tasa de inflación han llevado a la paradoja de que la moneda argentina sea la que más se aprecia en el mundo. Este es el preanuncio de una gran devaluación. Lo relevante no es tanto quién tomará la decisión –si el actual o el próximo gobierno– sino si se reconstruirán las instituciones y se mejorará la calidad del Estado para que quepa la esperanza de que esta sea la última y no una más dentro de la historia argentina.
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En el año 2014 la mayor parte del crecimiento de la población en edad de trabajar permaneció en la inactividad o se insertó como empleado público. Por ello, la falta de oportunidades laborales no se manifiesta en crecimiento del desempleo abierto. El riesgo es que se subestime la dimensión de los problemas acumulados y la trascendental importancia de avanzar en una profunda y necesaria reforma de las instituciones educativas, laborales y de los programas asistenciales.
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La crisis política y económica de Brasil tiene muchas analogías con la Argentina. Esto alerta sobre la importancia de que quienes aspiren a conducir el país asuman que el desequilibrio de las cuentas públicas, la corrupción y el oscurantismo en la gestión del Estado constituyen, como ocurre en Brasil, los principales desafíos a vencer. Ejemplos muy ilustrativos son las anomalías en la masiva distribución de subsidios a la energía, el transporte y a las empresas públicas.
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Los acontecimientos desencadenados con la muerte del fiscal Nisman testimonian el punto al que ha llegado la degradación del Estado argentino. Paradójicamente, ocurre cuando la Argentina es el país con la mayor cantidad de empleados públicos y cuyas remuneraciones son las más elevadas de la región. La explicación reside en la falta de profesionalismo, controles y transparencia que lleva a que el Estado sea apropiado y opere para intereses espurios en lugar de brindar servicios públicos de calidad a toda la sociedad.
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El crecimiento descontrolado del gasto público exige aumento de impuestos y más emisión monetaria. Los sectores más acomodados presionan para reducir el impuesto a las ganancias, eludirlo a través de mecanismos de dudosa legalidad o cobrar un bono extraordinario que compense la inflación. La situación de los hogares más pobres es más grave porque sufren en plenitud la aceleración de la inflación. Para frenar este deterioro social es imprescindible reducir el crecimiento del gasto público, replantear prioridades y profesionalizar la gestión del Estado.
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La Presidenta llamó al diálogo para revertir la irracional superposición de impuestos que se produce entre la Nación, las provincias y los municipios. El planteo es muy pertinente. Pero para avanzar hacia un mejor sistema tributario previamente hay que detener el despilfarro de fondos públicos que induce la centralización de recursos públicos a favor de la Nación y la superposición de roles y funciones entre los tres niveles de gobierno.
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