Sector Público
La Provincia de Buenos Aires planteó ante la Corte Suprema un cuestionamiento por el Fondo del Conurbano. Argumenta discriminación respecto al resto de las provincias en la distribución de una parte del impuesto a las ganancias. No menos discriminador contra el resto de las provincias es que con recursos nacionales se subsidien los servicios públicos de los habitantes del conurbano. La acumulación de arbitrariedades es tan grande que la Justicia no las va a poder resolver. Se necesita un replanteo integral de roles entre Nación, provincias y municipios.
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El fallo de la Corte sobre la readecuación tarifaria implica que la estrategia de reducir déficit fiscal vía recorte de subsidios llevará más tiempo del planeado. Por lo tanto aumenta la pertinencia de revisar otros componentes del gasto público. En este sentido, reformar el sistema previsional y desmantelar intervenciones nacionales superpuestas con funciones provinciales no solo resultan prioritarias sino que, después de la intervención de la Justicia, pasan a ser urgentes.
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La persistencia de la inflación alerta sobre la importancia de reducir la emisión monetaria que se deriva del elevado déficit fiscal. En el corto plazo, esto se puede lograr acelerando la reducción de los subsidios económicos. De todas formas, el desafío más importante y complejo es transformar la organización del sector público eliminando los impuestos más inequitativos y distorsivos y profesionalizando al Estado para que brinde más y mejores servicios.
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La crispación de las familias y las pequeñas empresas por los aumentos en las boletas de gas es entendible. Pero no hay que perder de vista que el problema se generó como consecuencia de un perverso esquema de manipulación de las tarifas que exacerbó el consumo y destruyó la capacidad de producción gasífera. De esta crisis no se sale promoviendo intervenciones oportunistas del Poder Judicial sino con reglas que incentiven la producción y moderen el consumo.
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La revisión de las estadísticas oficiales confirma que las manipulaciones del INDEC sobreestimaron el PBI y que el gobierno anterior sólo logró alto crecimiento económico mientras los salarios fueron bajos y los precios internacionales altos. La actitud de distorsionar las estadísticas oficiales merece un rotundo “nunca más”. Pero además es fundamental avanzar en una estrategia de crecimiento que no se base en bajos salarios sino en aumentar la productividad.
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Se multiplican las evidencias de altos niveles de corrupción. Esto no debería sorprender ya que, si bien en los últimos años se invirtió menos en infraestructura, la centralización de decisiones en funcionarios nacionales aumentó las oportunidades de malversación. Para lograr más transparencia no alcanza con funcionarios honestos y mejor acción judicial. Se necesita innovar en la institucionalidad que regula la articulación del Estado con el sector privado.
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Nuevamente la Justicia reacciona ante casos graves de denuncia de corrupción contra funcionarios públicos luego de un cambio de gobierno. No se trata de un episodio aislado de oportunismo sino de un problema estructural en la gestión del Poder Judicial. Las soluciones no pasan por seguir asignando más personal y fondos a la administración de justicia, como viene ocurriendo en los últimos años, sino por impulsar profundas reformas en el funcionamiento del sector.
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La crispación por la reducción de los subsidios en Buenos Aires es otra evidencia del centralismo prevaleciente. Es incoherente hablar de “tarifazo” cuando en el interior del país el acceso a los servicios públicos es mucho más limitado y, cuando está disponible, desde hace años que se pagan tarifas mucho más cercanas a los costos reales. El esquema de ofrecer servicios públicos casi gratis a una parte de la población a costa del esfuerzo del resto es insustentable y muy injusto.
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La actualización de la información sobre las cuentas públicas difundida por el Ministerio de Hacienda confirma el grave desequilibrio fiscal. La situación de las provincias y los municipios, en general, también es insustentable. Por eso es fundamental que el diálogo entre la Nación y las provincias no se limite a discutir la distribución de fondos entre los niveles de gobierno sino también a consensuar estrategias para reducir los déficits y mejorar la calidad de las políticas públicas.
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El debate político suscitado en las negociaciones para terminar el conflicto con los “fondos buitres” está signado por posiciones arcaicas y desenfocadas. Esto alerta sobre los riesgos de que la reinserción en los mercados de crédito sea usada para prolongar un insostenible proceso de derroche de fondos públicos y altos déficits fiscales. Además, tan acuciante es la necesidad de financiamiento que resulta recomendable evaluar mecanismos que incentiven la repatriación de capitales.
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