Sector Público
A partir de la salida de la crisis del 2002 el empleo privado registrado experimentó un fuerte crecimiento. El proceso no fue sustentable porque estuvo asociado a la licuación de salario real que produjo la mega devaluación. Prueba de ello es que la generación de empleos se fue debilitando a medida que las remuneraciones recuperaron poder de compra. Actualmente, la única fuente de creación de empleo formal es el sector público. El empleo público improductivo e innecesario agrava los problemas ya que aumenta el déficit fiscal y degrada la calidad del Estado.
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Los datos oficiales sobre distribución del ingreso ofrecen otra evidencia del agotamiento del modelo populista. Según el INDEC, los hogares de menores ingresos –segmento que en la última década venía disfrutando de una mejora relativa en su situación– ahora son los más perjudicados por la aceleración de la inflación. En el fin del ciclo es fundamental contar con un plan para reducir la inflación y un programa integral de recuperación del Estado.
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La escalada del dólar está asociada al crecimiento exuberante del gasto público. Sin posibilidades de seguir aumentando impuestos y sin acceso al crédito, el creciente déficit fiscal se financia con emisión monetaria que presiona sobre el precio del dólar. Apelar a complejas argumentaciones conspirativas es caer en un grosero error de diagnóstico ya que un análisis simple de teoría económica alcanza para entender que el exceso de emisión monetaria provoca inflación y esto genera estancamiento económico y del empleo, deterioro social e inestabilidad cambiaria.
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Las autoridades económicas aceptaron que la producción está estancada. Pero lamentablemente insiste en un grueso error de diagnóstico. Al no asumir el agotamiento del modelo populista se opta por expandir el crédito para consumo. Esto acelerará la inflación profundizando la licuación de los salarios y el crédito al consumo. El estancamiento no se resuelve aplicando estímulos a la demanda sino ordenando el sector público para erradicar la inflación y fijando reglas que incentiven a las empresas y a los trabajadores a aumentar la productividad.
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La descentralización y el respecto por las autonomías locales es una tendencia global que bien instrumentada tiene enormes ventajas, además de ajustarse a lo que manda la Constitución Nacional. Pero planteos de este tipo pierden credibilidad cuando provienen de una administración que ha basado su gestión en la concentración y la arbitrariedad. Antes de pensar en trasladar la capital es necesario clarificar roles entre jurisdicciones nacional y provincial y sancionar un sistema coherente de coparticipación federal de impuestos.
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La aceleración de la inflación está “licuando” prestaciones sociales e inversiones. Pero no alcanza a compensar el fuerte crecimiento de los subsidios económicos y los intereses de deuda. Por estos dos componentes, el gasto público aumenta más que los ingresos, generando déficits que se financian con emisión monetaria potenciando a su vez la inflación. Con más inflación se retroalimenta este recesivo y regresivo esquema. Para generar alternativas superadoras es imprescindible apelar a menos demagogia y más profesionalismo en la gestión del Estado.
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En el anuncio de creación de un nuevo plan de empleo, el relanzamiento de los CEDIN y créditos al transporte urbano se reconoció oficialmente la recesión. Pero se incurre en el error de diagnóstico de atribuirle la causa a factores externos cuando las evidencias muestran que, si bien hay desaceleración, el único país con la economía parada es la Argentina. Factores internos explican mucho más que los externos la caída en la producción y la destrucción de empleos formales. Dentro de ellos, el más importante es la irracional expansión del gasto público.
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Reiterar incumplimientos a nivel internacional es muy negativo, pero mucho más decisivo sobre la calidad de vida de la gente es el exorbitante crecimiento del gasto público con bajísima calidad de los servicios que el Estado brinda. Por eso, involuntariamente el juez Griesa está beneficiando a los ciudadanos argentinos al ponerle límites al aumento del gasto público. El fallo adverso con los fondos “buitres” es fácil de resolver. Mucho más difícil es mejorar la calidad del Estado.
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Uno de los pilares más publicitados del “modelo” era el superávit fiscal. Su importancia estaba plenamente justificada en función de la historia de indisciplina fiscal que condujo al estancamiento económico y la alta inflación. En la salida de la crisis del año 2002, se logró que los ingresos públicos superen a las erogaciones pero aplicando instrumentos rudimentarios y no sustentables. Por eso, emergieron nuevamente los desequilibrios fiscales por la baja calidad de la gestión pública cercenando otra vez las posibilidades de progreso social.
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La irritación contra los fondos “buitres” obnubila el análisis y hace perder de vista que muchas decisiones internas generan compromisos fiscales más difíciles de cumplir que los fallos de la justicia de EEUU. Un ejemplo concreto son las moratorias previsionales. Las obligaciones asumidas con estas jubilaciones sin aportes implican un enorme aumento de la deuda pública. La mayor parte de estos recursos quedan en manos de gestores, burocracia estatal y, especialmente, gente de la tercera edad de hogares de ingresos medios y altos.
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