Informes Nacionales
La insuficiente inversión en infraestructura cercena las posibilidades de desarrollo económico y progreso social. El problema no se origina en la falta de recursos sino en la priorización de gastos corrientes que generan réditos políticos inmediatos y en resabios de atávicas convicciones ideológicas que sostienen que el sector privado no debe intervenir en este sector. La experiencia de otros países, y la de la propia Argentina, señalan que es posible duplicar la tasa de inversión en infraestructura en base a una inteligente articulación entre el sector público y el privado.
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La OIT alertó que aun habiendo disfrutado de un contexto internacional muy favorable la informalidad sigue siendo muy alta. Si bien el fenómeno es causado por múltiples factores, uno de los más importantes son las regulaciones laborales que discriminan contra los trabajadores menos calificados. Se necesita apelar a nuevas estrategias que prioricen bajar las cargas sociales –que gravan a los salarios más bajos– antes que reducir el impuesto a las ganancias.
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En términos de PBI, la Argentina invierte muchos más que los países avanzados en personal de educación. Pero los pobres resultados que obtiene sugieren que el principal desafío pasa por aumentar la calidad de la gestión educativa. Algunos países de la OECD muestran que se puede mejorar los niveles de educación con un número pertinente de educadores, bien pagados y calificados, reglas que estimulen el buen desempeño, más insumos y mejor infraestructura.
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A partir de la salida de la crisis del 2002 el empleo privado registrado experimentó un fuerte crecimiento. El proceso no fue sustentable porque estuvo asociado a la licuación de salario real que produjo la mega devaluación. Prueba de ello es que la generación de empleos se fue debilitando a medida que las remuneraciones recuperaron poder de compra. Actualmente, la única fuente de creación de empleo formal es el sector público. El empleo público improductivo e innecesario agrava los problemas ya que aumenta el déficit fiscal y degrada la calidad del Estado.
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Los datos oficiales sobre distribución del ingreso ofrecen otra evidencia del agotamiento del modelo populista. Según el INDEC, los hogares de menores ingresos –segmento que en la última década venía disfrutando de una mejora relativa en su situación– ahora son los más perjudicados por la aceleración de la inflación. En el fin del ciclo es fundamental contar con un plan para reducir la inflación y un programa integral de recuperación del Estado.
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La escalada del dólar está asociada al crecimiento exuberante del gasto público. Sin posibilidades de seguir aumentando impuestos y sin acceso al crédito, el creciente déficit fiscal se financia con emisión monetaria que presiona sobre el precio del dólar. Apelar a complejas argumentaciones conspirativas es caer en un grosero error de diagnóstico ya que un análisis simple de teoría económica alcanza para entender que el exceso de emisión monetaria provoca inflación y esto genera estancamiento económico y del empleo, deterioro social e inestabilidad cambiaria.
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Los incrementos de remuneraciones acordados en los convenios colectivos de trabajo para el año 2014 resultarán similares a la inflación oficial y por debajo del verdadero aumento de los precios. Esta caída en el salario real es otro indicio de que el “modelo” está agotado. Con reglas que no incentivan la inversión ni la productividad y un creciente desequilibrio fiscal, el resultado predecible es el estancamiento económico y el deterioro social aun en un contexto internacional que continúa siendo muy favorable.
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Las autoridades económicas aceptaron que la producción está estancada. Pero lamentablemente insiste en un grueso error de diagnóstico. Al no asumir el agotamiento del modelo populista se opta por expandir el crédito para consumo. Esto acelerará la inflación profundizando la licuación de los salarios y el crédito al consumo. El estancamiento no se resuelve aplicando estímulos a la demanda sino ordenando el sector público para erradicar la inflación y fijando reglas que incentiven a las empresas y a los trabajadores a aumentar la productividad.
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La descentralización y el respecto por las autonomías locales es una tendencia global que bien instrumentada tiene enormes ventajas, además de ajustarse a lo que manda la Constitución Nacional. Pero planteos de este tipo pierden credibilidad cuando provienen de una administración que ha basado su gestión en la concentración y la arbitrariedad. Antes de pensar en trasladar la capital es necesario clarificar roles entre jurisdicciones nacional y provincial y sancionar un sistema coherente de coparticipación federal de impuestos.
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La información oficial del INDEC alerta sobre un creciente deterioro de los indicadores laborales. Esto no se exterioriza en un aumento de la tasa de desempleo abierto sino en una creciente proporción de personas en edad activa que deciden retirarse del mercado de trabajo. El fenómeno se explica por la falta de oportunidades laborales debido a la escasa creación de empleos de calidad. Por eso, más importante que el conflicto con los fondos “buitres” es rectificar las políticas públicas que sofocan la productividad y la generación de empleos de calidad.
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