Informes Nacionales
El proyecto de presupuesto 2012 mantiene las debilidades técnicas y la falta de transparencia que caracteriza a la administración fiscal de los últimos años. Sin perjuicio de esto, alcanza para explicitar que no está en los planes del gobierno corregir el descontrol y la falta de racionalidad de los subsidios a empresas públicas y privadas. Se sigue priorizando este regresivo mecanismo que potencia la corrupción, el centralismo y la redistribución regresiva del ingreso, incluso en desmedro de una de las principales acciones asistenciales establecida por el Gobierno y compartida por la población, como la Asignación Universal por Hijo.
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El reciente incremento en la Asignación Universal por Hijo fue presentado como un avance a favor de la equidad social. La realidad es que los aumentos aplicados apenas compensan –transitoriamente– la erosión que produce la inflación. Mientras que las sociedades genuinamente progresistas combaten férreamente la inflación, por sus costosos impactos económicos y sociales, en la Argentina se la utiliza para sustentar anuncios grandilocuentes a favor de los pobres pero que en realidad traen aparejados fuertes pero subrepticios ajustes en los ingresos de la población.
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El acceso a agua potable y cloacas de red pública es una necesidad básica en las sociedades modernas. Sin embargo, salvo en la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los hogares tienen que proveerse de agua y/o de algún mecanismo para el desecho de los excrementos, ya que no disponen de alguno de estos dos servicios conectados a la red pública. Mientras tanto con los impuestos que pagan todos los habitantes del país se subsidia la tarifa de agua y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires, donde vive la población de más altos ingresos del país.
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Uno de los flagelos que compromete el futuro de la Argentina es la decadencia educativa. Esto se manifiesta en la baja acumulación de aprendizajes, retrasos masivos y temprana deserción. Bajo las actuales condiciones de organización del sistema educativo, aumentar la inversión en educación, más que aportar soluciones, incrementa el derroche de recursos. Por eso la prioridad es cambiar las reglas de juego para incentivar el esfuerzo y el compromiso de los docentes y de los estudiantes.
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La calidad y el acceso a la educación en la Argentina son muy diferentes según el estrato socioeconómico al que pertenecen los niños y jóvenes. En general, los pobres son expulsados muy tempranamente de la educación básica lo que les impide acceder a la universidad, aun cuando sea libre y gratuita. Mientras que en Chile la baja accesibilidad de los pobres a la educación es motivo de intenso debate, en la Argentina prevalece un pasivo conformismo frente a las regresivas consecuencias que tiene asociada la mala organización del sistema educativo.
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La crisis que azota a varios países desarrollados está asociada a una insostenible brecha entre los ingresos públicos y los gastos que demanda el Estado. En el caso de Argentina se argumenta que los riesgos de crisis son bajos porque la situación fiscal sería sólida. Sin embargo, alcanza con computar los pasivos previsionales no registrados para desnudar una situación muy precaria. La principal diferencia con los países desarrollados es que en la Argentina la falta de institucionalidad permite esconder estos desequilibrios difiriendo sus consecuencias al futuro.
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El sistema de educación de Chile está siendo fuertemente cuestionado por sus inequidades. La manifestación más visible del problema son las bajas chances que tienen las familias más humildes de que sus hijos ingresen a la universidad debido a que no reciben una educación básica de calidad. En la Argentina, las brechas son aún mayores, sólo que las inequidades se ocultan detrás del ingreso irrestricto a la universidad. Chile genera mejores resultados y menos desigualdad porque el sistema educativo funciona bajo reglas que estimulan el esfuerzo y los logros, como por ejemplo el pago por desempeño a sus docentes.
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A partir del año 2009 rige la ley de movilidad previsional que establece ajustes automáticos de los haberes previsionales con periodicidad semestral. Es meritorio que el gobierno se mantenga en el cumplimiento de esta regla, más allá de que el anuncio no estuvo exento de oportunismo electoral. De todas formas, el problema sustantivo es que se mantienen las distorsiones derivadas de la discrecionalidad con las que se ajustaron las jubilaciones hasta el año 2008. Esto motoriza cientos de miles de juicio por reajuste de haberes que preanuncian una nueva crisis previsional.
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Uno de los rasgos que distingue la política previsional de los últimos años es la proliferación de regímenes jubilatorios especiales. Uno de ellos, que recientemente tuvo media sanción en el Congreso, se refiere a los trabajadores rurales. Se trata de una iniciativa de dudosa eficacia social dada la masiva informalidad que prevalece en ese segmento del mercado laboral. Más allá de este caso puntual resulta llamativo y muy preocupante que se sigan sancionando normas que aumentan las promesas a futuro cuando los incumplimientos presentes de la ANSES están generando cientos de miles de juicios previsionales.
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Es inminente el anuncio de un nuevo aumento del salario mínimo legal. Otro ejemplo de regulaciones impuesta desde Buenos Aires con muy bajo cumplimiento en el Interior. Bajo las actuales condiciones, aumentar el salario mínimo legal es un acto de hipocresía ya que se ignoran las precarias condiciones de productividad que prevalecen entre gran parte de las empresas, particularmente los pequeños emprendimientos del Interior. Para que el salario mínimo legal sea una herramienta de progreso y equidad social, previamente hay que cambiar la política tributaria y federalizar los recursos públicos que masivamente se concentran en la Capital.
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