Informe Nº: 26/01/2024
El Estado Nacional debe abandonar la práctica de ayudar a las provincias en funciones provinciales.
Por Jorge Colina, Presidente de IDESA
En la negociación de la Ley Ómnibus en el Congreso hay una discusión en torno a los fondos que el Tesoro Nacional envía discrecionalmente a las provincias. Desde las autoridades económicas se amenaza con cortar estas transferencias y desde las provincias se amenaza con no apoyar la Ley Ómnibus si se tocan esos fondos.
Estos fondos son los programas nacionales en funciones provinciales que innumerables veces se trataron en estas páginas. Los ministerios nacionales de educación, salud, seguridad, medio ambiente, vivienda hacen programas nacionales de “ayudas” a las provincias mandándoles pequeños recursos para arreglar escuelas, comprar medicamentos para los centros de salud provinciales, pagar parte del salario docente o de algunos médicos jóvenes de hospitales provinciales, etcétera, o sea todos gastos que deben ser hecho por las propias provincias con recursos propios.
Esto es así porque la educación básica, la salud púbica, la vivienda, urbanismo y seguridad son funciones provinciales y para esto cuentan con la coparticipación y los ingresos provinciales.
Según los datos del Ministerio de Economía para el 2023:
Se está hablando de 0,7% del PIB para gastos corrientes en funciones provinciales, en las que las provincias ya asignan 6% de PIB de sus propios recursos. O sea, son claramente “ayuditas”.
El ítem de transferencias nacionales más apetecidos por las provincias es el de obra pública. Aquí hay que hacer una distinción. Hay dos tipos de obras públicas.
Una son las que ejecuta el Estado Nacional para infraestructura interprovincial. Aquí se cuentan las rutas nacionales, las vías fluviales y los ferrocarriles.
Las otras son las obras públicas intraprovinciales que corresponde que las financien y las ejecuten las provincias, por ser obras que no trascienden la frontera provincial.
Pero el Estado Nacional siempre quiso ayudar a financiarlas con transferencias discrecionales. En el 2023 se gastó 0,4% del PIB en estas “ayuditas” para arreglar alguna ruta provincial e incluso calles, alcantarillado, plaza de algunos municipios. Todo elegido a dedo en función el color político del ministro nacional de turno.
Si bien son pequeñas “ayuditas” para cada provincia, en el agregado no deja de ser un número importante. Se está hablando de 1% del PIB entre “ayuditas” para gastos corrientes y de capital. No es poco de cara a que el déficit primario del 2023 fue de 3% del PIB.
Lo que corresponde desde el Estado Nacional es abandonar esta mala práctica de estar ayudando a las provincias en funciones provinciales. Para ello, hay que dejar claramente establecido que la totalidad de los recursos para educación básica, salud pública, vivienda, urbanismo, asistencia social y la obra pública provincial debe ser aportado por la provincia.
Lo que corresponde desde el Estado Nacional es abandonar esta mala práctica de estar ayudando a las provincias en funciones provinciales.
Lo que pasa es que cuando se quiere dejar claro esto, aparece el tabú: la coparticipación.
Como la coparticipación tiene criterios que centralizan en el Estado Nacional y luego eso se redistribuye entre provincias de forma arbitraria, las provincias se sienten legitimadas a exigir las “ayuditas” desde el Estado Nacional.
Lo que habría que hacer es un nuevo acuerdo Nación-provincias donde se establece que no hay más coparticipación. Luego, cada provincia pasa a financiarse con el IVA que recauda en su propio territorio. Esto es un enorme incentivo a la generación de valor agregado en la provincia. De esta forma, las provincias generarían mayor valor agregado, lo que les redituaría más recursos fiscales provinciales para financiar sus obras públicas provinciales y la totalidad de los gastos de funcionamiento de los servicios sociales.
Para las provincias hoy más rezagadas, contemplar un Fondo de Convergencia desde donde se les financie incluso hasta infraestructura provincial, pero atado a un plan de desarrollo y con un plazo. No como un cheque en blanco, como es la coparticipación.
Esto demuestra que la forma sustentable de bajar el déficit fiscal no es pujando entre la Nación y las provincias, sino ordenando la organización federal para que cada provincia esté incentivada a generar valor agregado en su territorio.
