Informes Especiales
Los impuestos al salario son una fuente de intensas polémicas e impactos distorsivos y regresivos. Por un lado, las muy altas cargas sociales y la baja valoración de las prestaciones de la seguridad social inducen a una masiva expansión de la informalidad, especialmente entre las empresas más pequeñas. Por el otro, la falta de actualización de los parámetros que se aplican para calcular el impuesto a las ganancias es objeto de permanentes reclamos. La prioridad para el país es generar más empleos de calidad y disminuir la alta informalidad laboral. Para ello, los cambios en los impuestos al salario deben hacerse como parte de una estrategia integrada que enfrente ambos desafíos y disminuya la exclusión social.
>La mitad de los adolescentes no termina la secundaria a tiempo y la calidad de la educación recibida es mediocre. Consistente con ello, un 55% de los jóvenes menores de 24 años sufre severos problemas de empleo. Con la finalidad de atacar este problema el Progresar contempla subsidiar a los jóvenes entre 18 y 24 años pertenecientes a los hogares más pobres para que continúen sus estudios. Tal como está diseñado, más que solucionar los problemas existentes, el programa tenderá a promover el asistencialismo. Para combatir la discriminación laboral que sufren los jóvenes es mucho más efectivo mejorar la calidad y la pertinencia de la educación y eliminar trabas que desalientan la contratación de jóvenes. En este número de Empleo y Desarrollo Social se presentan propuestas de políticas públicas en esta dirección.
>La Argentina disfruta de un contexto internacional inéditamente favorable, creando condiciones propicias para un fuerte crecimiento en la producción. En este sentido, la generación de empleos fue potenciada por la licuación de costos laborales asociada a la mega-devaluación; además de los niveles record en materia de presión impositiva y gasto público. No obstante, la calidad del empleo tuvo una mejora modesta, lo cual, se traduce en profundas consecuencias sociales.
>Las mujeres son mayoría en el último año de la educación básica y secundaria; terminan con éxito la secundaria en mucho mayor número que los varones; dominan en la mayoría de las orientaciones científicas y con mejor desempeño.
>El hambre es un problema real que afecta a millones de habitantes de nuestro país y tiene graves consecuencias sobre los niños y adolescentes. Sin embargo, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, Argentina produce comida suficiente para alimentar a 442 millones de personas. Es evidente que no se trata de un problema de disponibilidad de alimentos, sino de falta de acceso a éstos por parte de los sectores más pobres de la población. En este número de Empleo y Desarrollo Social examinamos la información disponible sobre esta problemática y las actividades de los Bancos de Alimentos. Estas acciones de la sociedad deben ser reforzadas con un apoyo más decidido del Estado.
>Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares que el INDEC ha vuelto a publicar recientemente revelan que en la Argentina hay 4,4 millones de personas con empleos informales de mala calidad y 1 millón de desempleados. Esta evidencia demuestra que a pesar del crecimiento económico y de las medidas implementadas en los últimos años, los problemas laborales continúan sin resolverse. La devaluación del año 2002 indujo una importante generación de empleos sustentada en la erosión del salario real, pero este modelo se ha agotado. Ahora es necesario
implementar una fuerte modernización de las instituciones laborales, con énfasis en un régimen especial para las microempresas que concentran un alto porcentaje del empleo privado no registrado y operan con una lógica de “trabajo – trabajo”.
La informalidad laboral es un fenómeno profundamente arraigado en nuestro país, con derivaciones económicas, sociales y éticas muy negativas. Para reducir su incidencia es necesario generar un contexto de alto crecimiento económico, mejorar sustancialmente la formación de la fuerza de trabajo y ejecutar controles con mayor eficacia. Pero, lo que es tanto o más importante aún, se requieren instituciones laborales más amigables con las microempresas. La fuerte concentración de la informalidad laboral en pequeñas unidades productivas en las que predomina una relación trabajo-trabajo sugiere que la posibilidad de establecer un estatuto laboral especial para estas microempresas sería un paso fundamental para incrementar la formalidad en el mercado laboral. En este número de Empleo y Desarrollo Social se presentan algunos lineamientos básicos para el diseño de este estatuto.
>La proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan es muy alta y la calidad de los empleos que obtienen los que trabajan es muy baja. Este fenómeno responde a varios factores causales, aunque entre éstos se destaca el inadecuado diseño de las políticas educativas y laborales. En los países que presentan los mejores indicadores de inserción laboral juvenil, un inteligente diseño institucional incentiva a los estudiantes para establecer vínculos con las empresas mientras cursan el nivel secundario, estimulando tanto la cultura del estudio como la del trabajo. A partir de estas experiencias, en este número de Empleo y Desarrollo social se discuten algunos lineamientos orientados a la instrumentación de políticas educativas y laborales para una mayor inclusión social de los jóvenes.
>El sector de la construcción es un importante generador de oportunidades laborales, en particular para las personas con menor formación y que viven en condiciones de pobreza. A pesar de contar desde mucho tiempo atrás con un régimen laboral especial que pretende atender las particularidades de la actividad, en los hechos la elevada informalidad existente lleva a que el sistema de protección opere como un dispositivo de selección adversa que otorga cobertura a muy pocos trabajadores. La construcción se vería especialmente beneficiada con un Estatuto Especial para microempresas como el que se propusiera en el informe “Empleo y Desarrollo Social” Nro. 25 (abril de 2010).
>La Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) se puso en vigencia en el año 1996 con el objetivo de incentivar la prevención de accidentes, mejorar la protec- ción de los trabajadores y eliminar un factor distorsivo del mercado del trabajo que favorecía el empleo en negro. Habiendo transcurrido 14 años se registran algunos logros significativos, como la caída en la cantidad de siniestros, especialmente los mortales. Pero en los últimos años ha habido un creciente aumento de la litigiosidad, en parte motivado por la falta de actualización de aspectos claves que fueron contemplados en la propia ley. Para no volver al regresivo sistema vigente antes de la reforma y erradicar la litigiosidad espuria, es necesario recomponer rápidamente las reglas básicas de funcionamiento del sistema.
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