Sector Público
En otro paso por normalizar la economía, el gobierno presentó una propuesta formal para regularizar la deuda con los acreedores que rechazaron los canjes. Queda pendiente que sea aceptada por los tenedores de bonos y luego aprobada por el Congreso. Pero el desafío más importante y complejo es garantizar que las nuevas oportunidades que se abrirán con el financiamiento internacional sean utilizadas en infraestructura y no para cubrir sueldos y otros gastos corrientes.
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El gobierno anunció la actualización de las tarifas eléctricas. Se pone fin así a un mecanismo de subsidios muy perverso que desencadenó una profunda crisis energética, una regresiva redistribución de ingresos a favor de los hogares de altos ingresos y agravó la discriminación contra el interior del país. Con el reajuste, tan importante como un régimen de tarifa social para los más pobres es hacer entender al resto de la población sobre los daños que generó este esquema tan irracional.
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La sucesión de hechos que enmarcan la fuga de tres presos de alto riesgo puso al desnudo el nivel extremo de degradación que sufre el sistema de seguridad. Lamentablemente, no es una excepción sino un fenómeno común que también se observa en educación, salud, infraestructura y el resto de los servicios públicos. Esta es la consecuencia de haber confundido el fortalecimiento del Estado con contratar masivamente empleados y aumentar sin criterio el gasto público.
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Sorprendió la calma con la que el gobierno pudo salir del “cepo” cambiario. Pero las bases todavía son precarias. El principal factor de inestabilidad del dólar es la masiva emisión de pesos para cubrir el déficit fiscal. Por eso, para mantener la tranquilidad hay que reducir el desequilibrio del Estado. Esto obliga a una compleja agenda de reformas donde la más urgente y necesaria es una reducción sustancial de los subsidios económicos.
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En una decisión tan justa como tardía la Corte Suprema falló a favor de las provincias en el reclamo de devolución del 15% de la masa coparticipable. Con esta decisión el deterioro de las cuentas públicas supera al del año 2001. Desde el punto de vista institucional emitir este fallo en la transición política es asimilable a la actitud de un grupo de diputados que sancionaron arteramente más de 90 leyes para entorpecer la gestión del próximo gobierno.
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En la campaña electoral fueron enfáticas las declamaciones en favor del Estado, pero escasas las propuestas para construir un sector público menos burocrático y más comprometido con el desarrollo social. Incluso uno de los rasgos más negativos que caracteriza a la actual transición política es el abuso del empleo público para favorecer a amigos, militante y familiares ante de dejar el poder. Un Estado fuerte requiere dejar de ser enquistado para satisfacer intereses privados.
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Para evitar una gran devaluación del dólar es crucial detener la desenfrenada emisión de pesos. Esto sólo es posible reduciendo el gasto público, donde un componente clave son los subsidios económicos. Por eso, los principales desafíos para el próximo gobierno no pasan por replantear la política cambiaria ni por desarticular el cepo sino por actualizar las tarifas de los servicios públicos y reducir el déficit de las empresas del Estado.
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Sin un ordenamiento de las cuentas públicas no hay posibilidad alguna de instrumentar la mayoría de las propuestas que se prometen en la campaña electoral. Más importante aún es que tampoco se podrá salir del estancamiento, inestabilidad y especulación financiera. Dentro de los diferentes componentes del gasto público es claro que la mayor irracionalidad reside en los subsidios económicos.
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Uno de los rasgos más notables de la campaña electoral fue la escasa mención al impresionante aumento del gasto público de los últimos años. Por el contrario, los candidatos compitieron fundamentalmente con propuestas que implican bajar impuestos y aumentar erogaciones. Que por electoralismo se lo haya eludido, no implica que reducir el gasto público deje de ser el tema más importante y urgente que deberá enfrentar el próximo gobierno.
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Mientras que en la campaña electoral se evita abordar definiciones con relación al desorden fiscal, el gobierno propuso en el proyecto de Presupuesto 2016 un importante ajuste en el gasto público. Explícitamente contempla recortar subsidios económicos y obra pública. Pero los desequilibrios son tan grandes que, de manera solapada, también propone ajustes sobre prestaciones sociales y salarios públicos al contemplar aumentos nominales en estos ítems inferiores a la inflación real.
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