Inflación
Mientras que en la campaña electoral se evita abordar definiciones con relación al desorden fiscal, el gobierno propuso en el proyecto de Presupuesto 2016 un importante ajuste en el gasto público. Explícitamente contempla recortar subsidios económicos y obra pública. Pero los desequilibrios son tan grandes que, de manera solapada, también propone ajustes sobre prestaciones sociales y salarios públicos al contemplar aumentos nominales en estos ítems inferiores a la inflación real.
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Las devaluaciones del tipo de cambio oficial muy por debajo de la alta tasa de inflación han llevado a la paradoja de que la moneda argentina sea la que más se aprecia en el mundo. Este es el preanuncio de una gran devaluación. Lo relevante no es tanto quién tomará la decisión –si el actual o el próximo gobierno– sino si se reconstruirán las instituciones y se mejorará la calidad del Estado para que quepa la esperanza de que esta sea la última y no una más dentro de la historia argentina.
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La crisis política y económica de Brasil tiene muchas analogías con la Argentina. Esto alerta sobre la importancia de que quienes aspiren a conducir el país asuman que el desequilibrio de las cuentas públicas, la corrupción y el oscurantismo en la gestión del Estado constituyen, como ocurre en Brasil, los principales desafíos a vencer. Ejemplos muy ilustrativos son las anomalías en la masiva distribución de subsidios a la energía, el transporte y a las empresas públicas.
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La inflación es un fenómeno erradicado en los países bien organizados y más frecuente entre los que atraviesan experiencias traumáticas. La Argentina es uno de éstos. Las evidencias internacionales desmienten el diagnóstico oficial de que la inflación ayuda al crecimiento. Prueba de ello es que los países vecinos tienen mayor crecimiento con menor inflación que la Argentina. El retorno de la inflación al país es el reflejo de su retroceso. Para recuperar la estabilidad y el crecimiento será necesario abordar una desafiante agenda de reconstrucción institucional.
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Estancamiento en la producción y el empleo con aceleración de la inflación llevaron a que los aumentos de ingresos de los hogares no compensaran el crecimiento de los precios. Aunque el impuesto a las ganancias es récord y el gasto asistencial enorme, quienes más sufren la pérdida de poder adquisitivo son las familias de más bajos ingresos. Para revertir esta regresividad es fundamental replantear prioridades en la asignación del gasto público y mejorar sustancialmente su gestión.
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La reelección de la presidenta de Brasil viene acompañada por un replanteo de estrategias destinadas a combatir la inflación y la corrupción. Las evidencias muestran que estos dos flagelos son mucho más graves en Argentina que en el país vecino. Por eso, una inteligente mirada del proceso brasileño debería trascender el ámbito económico y extenderse a su dimensión política ya que delinea la agenda de políticas públicas que debería asumir la Argentina.
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El crecimiento descontrolado del gasto público exige aumento de impuestos y más emisión monetaria. Los sectores más acomodados presionan para reducir el impuesto a las ganancias, eludirlo a través de mecanismos de dudosa legalidad o cobrar un bono extraordinario que compense la inflación. La situación de los hogares más pobres es más grave porque sufren en plenitud la aceleración de la inflación. Para frenar este deterioro social es imprescindible reducir el crecimiento del gasto público, replantear prioridades y profesionalizar la gestión del Estado.
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A partir de la salida de la crisis del 2002 el empleo privado registrado experimentó un fuerte crecimiento. El proceso no fue sustentable porque estuvo asociado a la licuación de salario real que produjo la mega devaluación. Prueba de ello es que la generación de empleos se fue debilitando a medida que las remuneraciones recuperaron poder de compra. Actualmente, la única fuente de creación de empleo formal es el sector público. El empleo público improductivo e innecesario agrava los problemas ya que aumenta el déficit fiscal y degrada la calidad del Estado.
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Los datos oficiales sobre distribución del ingreso ofrecen otra evidencia del agotamiento del modelo populista. Según el INDEC, los hogares de menores ingresos –segmento que en la última década venía disfrutando de una mejora relativa en su situación– ahora son los más perjudicados por la aceleración de la inflación. En el fin del ciclo es fundamental contar con un plan para reducir la inflación y un programa integral de recuperación del Estado.
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La escalada del dólar está asociada al crecimiento exuberante del gasto público. Sin posibilidades de seguir aumentando impuestos y sin acceso al crédito, el creciente déficit fiscal se financia con emisión monetaria que presiona sobre el precio del dólar. Apelar a complejas argumentaciones conspirativas es caer en un grosero error de diagnóstico ya que un análisis simple de teoría económica alcanza para entender que el exceso de emisión monetaria provoca inflación y esto genera estancamiento económico y del empleo, deterioro social e inestabilidad cambiaria.
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