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El 1º de Mayo es una ocasión propicia para reivindicar el trabajo y asumir con autocrítica que, más allá de las declamaciones, todavía son mayoría las personas en edad de trabajar que tienen vedada la oportunidad de acceder a un empleo de calidad. Esta es la consecuencia de perseverar durante décadas con regulaciones laborales que desalientan la generación de empleos. Ante la contundencia del fracaso se necesita un cambio de paradigma en la concepción de las instituciones laborales en lugar de reiterar viejas recetas.
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Las autoridades económicas desistieron de publicar la medición de la pobreza. Falsear las estadísticas oficiales es un acto de alta irresponsabilidad pública que desvía la atención de la cuestión principal. La polémica sobre cuántos son los pobres reduce la visibilidad de las regresivas consecuencias que tiene asociado el despilfarro del gasto público. Para reducir la pobreza es imprescindible dejar de manipular estadísticas y fundamentalmente revisar con mucho sentido crítico la forma en que se está administrando el Estado.
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El gobierno presentó un proyecto de ley contemplando incentivos a la generación de empleo formal. En la iniciativa subyace el reconocimiento de que sólo con crecimiento económico y más controles no alcanza para revertir la informalidad. Se necesitan, además, reformas sobre las instituciones laborales con énfasis en las pequeñas empresas. De todas formas, el Congreso debería mejorar el diseño del proyecto ya que, tal como está concebido, llevará a repetir frustraciones.
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Las principales fuentes de progreso y bienestar son los aumentos de productividad que sustentan mejoras de las remuneraciones y la masiva generación de empleos de calidad para que las familias tengan más miembros generadores de ingresos dentro del hogar. Por eso, es fundamental que las instituciones laborales y la política asistencial sean muy sensibles a los incentivos en favor de la maternidad responsable y la activación de la mujer para su incorporación en el mercado laboral.
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Aunque desde la salida de la crisis del año 2002 se observa una importante mejora en la distribución del ingreso, las manifestaciones de insatisfacción de la población son intensas. Mientras los segmentos medios perciben que el inédito crecimiento en la presión impositiva no es correspondido con mejores servicios del Estado, los más postergados reciben muy poco del fuerte aumento en el gasto público. Esto no se resuelve creando más programas asistenciales, para beneficiar a los pobres, ni reduciendo el impuesto a las ganancias, para congraciarse con la clase media. Lo que se necesita es un profundo cambio en la calidad de gestión del Estado.
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Ante la requisitoria de legisladores, motivadas por el agravamiento de la inseguridad, el Jefe de Gabinete dejó traslucir que la gestión de la policía y la justicia es responsabilidad de las provincias. La respuesta es correcta, pero parcial, ya que parte del problema también se genera por la centralización de fondos públicos. De todas formas, es imprescindible una autocrítica a nivel de los gobiernos provinciales tanto por haber permitido el avasallamiento del federalismo como por perseverar en la mediocridad de la gestión en sus responsabilidades.
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En el marco del aletargamiento en el nivel de actividad económica se hacen más explícitas las negativas consecuencias sociales derivadas de la baja calidad institucional. Testimonios concretos son las barreras que discriminan contra la inserción laboral de los jóvenes, especialmente las mujeres. Mientras que en los países más avanzados el progreso social se basa en altas tasas de empleo juvenil y femenino, en la Argentina el ingreso de los jóvenes está fuertemente condicionado por baja formación, regulaciones laborales e impositivas onerosas y burocráticas, y ausencia de estrategias para promover conductas reproductivas responsables.
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La devaluación produjo un aumento extraordinario de la recaudación impositiva. Pero el incremento del gasto público fue mayor debido a una fuerte expansión de los subsidios económicos. Como era previsible, los intentos de reeditar el “modelo” están fracasando porque ahora es más difícil licuar salarios y jubilaciones en comparación con la experiencia del año 2002. Pero fundamentalmente porque el deterioro que acumulan las empresas de servicios públicos obliga a compensar el aumento de costos que produce la devaluación con mayores subsidios del Estado.
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La Nación interviene decisivamente en la negociación de los salarios docentes pero aporta una porción marginal y cada vez más pequeña de las remuneraciones. Este esquema potencia la conflictividad, llegando a la irracionalidad de que en las provincias donde se acordaron aumentos con los sindicatos tampoco se iniciaron las clases. En lugar de interferir en la política salarial, la Nación debería apoyar financieramente a las provincias que reduzcan el ausentismo docente, el retraso y la deserción escolar, y mejoren la calidad educativa.
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El Estado argentino finalmente compensará a REPSOL por la estatización de YPF. Aunque se difundió como costo de la indemnización unos U$S 5 mil millones pagaderos en bonos, computando los altísimos intereses implícitos en esos títulos el costo superará los U$S 10 mil millones. Además de lo elevado del monto, el grueso de los pagos serán afrontados por los futuros gobiernos. Se trata de otro testimonio de decisiones tomadas con criterios oportunistas y poco profesionales que hipotecan el bienestar de las futuras generaciones.
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