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La caída en la tasa de desempleo que informó el INDEC se produjo porque mucha gente dejó de buscar empleo. Esto es el resultado de la pérdida de capacidad para generar nuevos empleos asociada al bajo crecimiento económico y la pobre calidad de las instituciones laborales. El problema no se resuelve induciendo a que en las paritarias se fijen aumentos de salario por debajo de la inflación y utilizando fondos públicos para subsidiar la inactividad laboral –como la Asignación Universal por Hijo y el Progresar– sino mejorando el diseño de las instituciones laborales.
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El “modelo” instaurado a partir del año 2003 se basó en los superávits gemelos (fiscal y externo). Como ambos estuvieron sustentados en la licuación de salarios reales que produjo la mega-devaluación, la economía perdió impulso cuando las remuneraciones recuperaron el nivel previo a la crisis. Para restablecer el “modelo” se requiere no solo devaluar sino también lograr que los aumentos de salarios sean inferiores a los del dólar y la inflación. Una alternativa socialmente más promisoria para crecer sin deteriorar las remuneraciones reales es impulsar políticas públicas que promuevan la productividad y la competitividad.
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Ante la inestabilidad del dólar, las autoridades anunciaron la intención de revisar los subsidios económicos. Además de tardía, la iniciativa está planteada como una amenaza a quienes pretenden proteger sus ahorros comprando dólares en lugar de una política equitativa y racional en la asignación de fondos públicos. La regla general debería ser que las tarifas sean acordes a los costos de los servicios públicos. En paralelo, instrumentar una tarifa social para que todos los hogares pobres –no sólo los que viven en Buenos Aires– sean los únicos subsidiados.
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Ante el persistente drenaje de reservas las autoridades anunciaron una nueva política cambiaria. Junto con ello, se dispuso la instrumentación del programa Progresar con el objetivo de paliar la marginalidad que sufren millones de jóvenes. Se sigue sin tomar conciencia de que la escapada del dólar refleja el exceso de gasto público muy mal administrado y que, por lo tanto, no habrá solución sin una profunda transformación del sector público. Pero más grave aún es inducir a miles de jóvenes, en el inicio de su vida productiva, a la dependencia del asistencialismo.
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Las reservas del Banco Central duplican en términos nominales el nivel del 2001, pero ajustadas por inflación de precios en las importaciones apenas superan el nivel que había cuando cayó la convertibilidad. El agravante es que el coeficiente de importaciones (porcentaje de importaciones en relación al PBI) prácticamente duplica al que prevalecía en el 2001. Esto indica que la crisis de divisas que sufre el país es severa lo que evidencia la necesidad de cambios de estrategia.Las reservas del Banco Central duplican en términos nominales el nivel del 2001, pero ajustadas por inflación de precios en las importaciones apenas superan el nivel que había cuando cayó la convertibilidad. El agravante es que el coeficiente de importaciones (porcentaje de importaciones en relación al PBI) prácticamente duplica al que prevalecía en el 2001. Esto indica que la crisis de divisas que sufre el país es severa lo que evidencia la necesidad de cambios de estrategia.
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La suba del dólar paralelo genera incertidumbre y preocupación. La causa principal de la inestabilidad cambiaria es la acumulación de desaciertos en el manejo del gasto público. Empleo redundante, masivas jubilaciones sin aportes y subsidios a empresas han generaron un nivel de gasto público que ni siquiera el récord de presión tributaria imperante logra financiar. El déficit induce emisión monetaria espuria que produce inflación y lleva a la gente a comprar dólares como protección. Con un manejo más inteligente del gasto público, los países vecinos tienen preocupaciones mucho más importantes que la cotización del dólar.
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La aceleración de la inflación insinúa el final de un ciclo de expansión basado en el estímulo al consumo. Se trata de una experiencia ya vivida en el pasado, cuya única particularidad en esta ocasión es que el ciclo fue más largo gracias al contexto internacional inéditamente favorable. Pero el final es similar: estancamiento del empleo y aumentos de salarios que no compensan la inflación. Para superar el agotamiento del modelo es fundamental un profundo ordenamiento del sector público y reglas que estimulen la inversión y la generación de empleos.
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Los cortes en el suministro eléctrico, la inflación y la pérdida de reservas son manifestaciones de profundos desequilibrios macroeconómicos. Ni la crisis energética se resolverá aplicando multas a las empresas eléctricas, ni la inflación se detendrá anunciando acuerdos de precios, ni se recuperarán reservas desalentando los viajes al exterior. El paso fundamental es restablecer el equilibrio macroeconómico deteniendo el exacerbado crecimiento del consumo público liderado por los subsidios económicos y el empleo público redundante.
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El sector público nunca contó con tantos recursos y, paradójicamente, nunca acumuló tanto cuestionamientos de la sociedad a la calidad de los servicios que brinda. Desde familias que migran a la educación, la salud y la seguridad privada, hasta la organización para la auto-defensa o la auto-generación de electricidad con grupos electrógenos. Plantear como principio ideológico el tamaño del Estado es un camino inconducente. La calidad de vida de los ciudadanos depende de una gestión pública inteligente, transparente y profesionalizada.
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El colapso del sistema eléctrico nacional testimonia las consecuencias de haber perseverado en políticas populistas. Tarifas fijadas en valores artificialmente bajos exacerban el consumo y desalientan la inversión. Las inconsistencias se disimularon durante mucho tiempo gracias a la expansión de la capacidad de generación de electricidad en años anteriores. Pero consumidas las inversiones acumuladas en la década de los ´90 llegaron los cortes. Esto provoca enormes daños en la calidad de vida de las familias y en la productividad de las empresas.
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