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Apelando a un instrumento de excepción –un Decreto de Necesidad y Urgencia– el gobierno explicitó el acelerado crecimiento del gasto público. El déficit fiscal es un potente generador de inflación que provoca inevitables presiones sobre el dólar. Más allá de que se adopten paliativos, como oficializar el desdoblamiento cambiario, la cuestión más importante y compleja es ordenar las cuentas fiscales. Agotada la alternativa de seguir aumentando la presión tributaria, no queda otro camino que reducir los subsidios a empresas públicas y privadas.
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La permisividad para que un solo grupo económico lograra una exagerada concentración de medios de comunicación y las posteriores intervenciones intempestivas fundadas en corregir esta distorsión, demuestran la ausencia de un Estado moderno y eficaz. Los costos de esta degradación institucional son enormes. Por eso, un acuerdo político amplio debería apuntar a reconstruir el Estado poniendo énfasis en marcos regulatorios técnicamente bien diseñados y entes de control independientes y dotados de recursos humanos profesionales.
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La carencia de viviendas es un problema severo que perjudica la calidad de vida de muchos hogares. Esto explica las expectativas que genera el plan PROCREAR otorgando préstamos subsidiados con recursos previsionales a algunas familias elegidas por sorteo. Además de parcial e inequitativo, el plan acelera la aparición de una próxima crisis previsional como ya ocurrió con iniciativas similares en el pasado. Una solución genuina requiere eliminar la inflación para que se genere un mercado privado de créditos a largo plazo.
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La campaña electoral está dominada por los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Esto se produce en un contexto de inédita concentración de fondos públicos en el nivel nacional con el grueso de los recursos gastados en beneficio de Buenos Aires. Sin embargo, las privaciones severas, como las que impone la pobreza, golpea más intensamente en el interior. Se trata de una costosa contradicción que contribuye a que en el debate electoral se eludan los temas más importantes, como la alta regresividad de los subsidios económicos.
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El país se apresta a aceptar 5 fallos adversos en el CIADI y pagar a las empresas cuyos derechos fueron avasallados por las políticas tomadas con posterioridad al año 2002. Este abrupto cambio de actitud sugiere que las decisiones de política de la última década fueron guiadas más por la impericia y la improvisación que por convicción ideológica. De todas formas, lo más importante es que con este precedente se explicita el enorme esfuerzo que será necesario desplegar para resolver la gran cantidad de controversias que siguen en disputa.
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Como viene ocurriendo desde hace varios años, el proyecto de Presupuesto Nacional presentado al Congreso adolece de severas inconsistencias. Aún así, contiene información valiosa. Un dato muy sugerente es que se está programando aumentos de jubilaciones, salarios públicos y subsidios a empresas públicas y privadas deficitarias por debajo de la inflación verdadera. Se trata de una evidencia bastante contundente de que, más allá de los discursos, el temido “ajuste” no es una opción de política sino un camino inevitable originado en decisiones equivocadas y el despilfarro cometidos en la última década.
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Desde el oficialismo se comienza a reconocer la decadencia educativa de la última década. Pero, simultáneamente, se minimizan los impactos negativos de este fracaso. El testimonio más ilustrativo es pretender dar un cariz positivo a la gran cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, aduciendo que la mayoría son mujeres dedicadas al cuidado de los hijos. Esta posición, de un conservadurismo apabullante, ignora que la combinación de maternidad temprana y bajo nivel de educación de la madre es un poderoso factor de reproducción intergeneracional de la pobreza al incidir negativamente en la educación de sus hijos.
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Según el INDEC, la incidencia del empleo no registrado se mantiene por encima de un tercio del total de los asalariados. Se trata de un fenómeno de impactos muy negativos que merece especial atención. No hay posibilidades de inducir a la formalización en las microempresas si no se simplifica y modera la carga tributaria que implica tener a los trabajadores “en blanco”. Por eso, la creación de un “Monotributo Laboral” puede aportar soluciones ya que las microempresas son las que generan casi la totalidad del empleo “en negro”.
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Nuevamente se propone bajar la edad de imputabilidad como herramienta para combatir la delincuencia. Es positivo que en la agenda política se debatan los temas que preocupan a la gente. Pero el planteo ignora que el factor más determinante de que los adolescentes se conviertan en infractores es la deserción escolar temprana. Por eso, la vía más eficaz para prevenir la delincuencia juvenil no es endurecer el sistema penal sino corregir los severos problemas de gestión que adolecen el sistema educativo y la Asignación Universal por Hijo.
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El gobierno nacional decidió que la Gendarmería se involucre en tareas de seguridad en el Gran Buenos Aires. Se trata de una acción oportunista y de baja eficacia ya que obliga a descuidar las funciones que esa fuerza venía ejecutando para que desarrolle tareas que se superponen con las de la policía bonaerense. Un camino genuino para mejorar la seguridad de todos los ciudadanos –y no sólo los de Buenos Aires– es dejar de despilfarrar fondos públicos en subsidios económicos y transferirlos a las provincias para que modernicen sus policías.
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