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El Congreso Nacional es la institución pertinente para enmendar las fallas que adolece el sistema tributario, como por ejemplo la elevación espuria de la presión impositiva de ganancias. Por eso, las elecciones a legisladores nacionales brindan la oportunidad para comenzar a encontrar soluciones. Lamentablemente hasta ahora viene prevaleciendo la demagogia ya que se plantea reducir la incidencia del impuesto a las ganancias sin propuestas de reducción del gasto público que compensen la menor recaudación. Si menos impuesto a las ganancias redunda en más impuesto inflacionario, el remedio será peor que la enfermedad.
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En la campaña electoral abundan los discursos de contenidos superficiales, sobrecargados de autoelogios y descalificaciones al adversario. En contrapartida, prevalece la ignorancia y la autocomplacencia respecto a problemas muy trascendentales. Uno particularmente importante es el deterioro de la educación pública. Los ciudadanos pagan niveles récord de impuestos para sostener el gran crecimiento en la inversión pública en educación. Pero este esfuerzo está siendo derrochado debido a una gestión educativa de muy baja calidad
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En la última década, el país sufrió un retraso sin precedentes en su capacidad de producción petrolera. El origen de este proceso es la aplicación sistemática de regulaciones irracionales que combinan prohibiciones, privilegios, malos impuestos y subsidios poco transparentes. En este contexto, el acuerdo de YPF con Chevron no es ni la “salvación” ni la “entrega” sino una manera de perseverar en el fracaso ya que se insiste con la misma lógica de malas regulaciones. Para revertir el retroceso y lograr resultados positivos se necesita imponer mejores reglas de juego.
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Entre un cuarto y un tercio de los asalariados formales pagan impuesto a las ganancias. Pero si se considera a los trabajadores informales, que mayoritariamente son de bajos salarios, el impacto se reduce a sólo el 10% del total de trabajadores. En este marco, reducir la incidencia del impuesto a las ganancias sin previamente disminuir gastos improductivos del Estado –como se acaba de disponer con el medio aguinaldo y propone gran parte de la oposición– es un cambio regresivo porque necesariamente lleva a aumentar la carga de otros tributos, como el impuesto inflacionario, que recaen sobre la gran mayoría que tiene bajos ingresos.
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La política que mayor aceptación convoca es la Asignación Universal por Hijo. El oficialismo la reivindica como un gran logro y la oposición no presenta críticas, salvo formalidades como que no fue aprobada por ley sino por decreto. Ambos pasan por alto que, debido a su rudimentario diseño, probablemente esté promoviendo la reproducción intergeneracional de la pobreza más que un proceso sostenido de inclusión social. Las experiencias acumuladas localmente y de otros países sugieren que hay elementos de diseño y gestión que se deberían mejorar.
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El creciente déficit fiscal motoriza una fuerte emisión monetaria que ha erosionado la credibilidad del peso. Frente a este fenómeno, con la creación del CEDIN se aspira a imponer una moneda alternativa que morigere la natural tendencia de la población a utilizar el dólar en sustitución del peso. Pero las posibilidades de éxito son bajas, no por los cuestionamientos de varios gobiernos provinciales, sino por la poca confianza que genera el gobierno nacional. Las mismas razones que destruyeron el peso son las que condicionan la viabilidad del CEDIN.
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Se enfatiza como logro importante el desendeudamiento argentino. Sin embargo, comparando con otros países de la región, la reducción de la deuda pública argentina es –en el mejor de los casos– modesta. De todas formas, lo más preocupante es que el desendeudamiento argentino se hizo en base a la destrucción de instituciones y con fuerte crecimiento de la deuda no registrada. La experiencia de otros países latinoamericanos enseña que se puede reducir deuda pública con políticas modernizadoras y racionales que contribuyen al desarrollo sostenido.
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Las protestas en Brasil contrastan con el fuerte crecimiento económico y el vertiginoso proceso de movilidad social observados en ese país en las últimas dos décadas. Al igual que en Chile con los reclamos por mejoras en el sistema educativo, el progreso económico y social trae aparejado demandas de la población mucho más exigentes con los servicios que brinda el Estado y mucho menos tolerantes con los despilfarros y la corrupción. Este tipo de tensiones, que no ocurren en otros países latinoamericanos que se perpetúan en el atraso, alertan sobre los nuevos y renovados desafíos que plantea el tránsito hacia el desarrollo.
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Los CEDIN, tal como fueron reglamentados, operarán como una moneda nacional convertible en dólares. Que un Gobierno que ha denostado enfáticamente la convertibilidad apele a este tipo de herramienta demuestra que utilizar el respaldo de una moneda extranjera más que una opción es una necesidad derivada de la inflación alta y persistente. Mientras no haya estabilidad, la gente va a ahorrar y utilizar como medio de pago una moneda diferente a la nacional. Por eso, la tan proclamada “soberanía monetaria” no se logra con discursos sino con mejores instituciones, en particular, un manejo más responsable y profesional del Estado.
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El presidente Mujica generó fuertes controversias al opinar que los uruguayos son pocos proclives al trabajo. Dado que, según la información oficial de ambos países, los argentinos no trabajan más que los uruguayos, estas polémicas declaraciones bien podrían ser aplicables a la Argentina también. En cualquier caso, la cuestión central es que se trata de una generalización que esconde situaciones muy diferentes. Una de las divergencias más notables se da en los niveles de exigencias mucho más laxos que prevalecen en el Estado respecto a las que se aplican en la mayor parte del trabajo en el sector privado.
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