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La informalidad laboral es un fenómeno profundamente arraigado en nuestro país, con derivaciones económicas, sociales y éticas muy negativas. Para reducir su incidencia es necesario generar un contexto de alto crecimiento económico, mejorar sustancialmente la formación de la fuerza de trabajo y ejecutar controles con mayor eficacia. Pero, lo que es tanto o más importante aún, se requieren instituciones laborales más amigables con las microempresas. La fuerte concentración de la informalidad laboral en pequeñas unidades productivas en las que predomina una relación trabajo-trabajo sugiere que la posibilidad de establecer un estatuto laboral especial para estas microempresas sería un paso fundamental para incrementar la formalidad en el mercado laboral. En este número de Empleo y Desarrollo Social se presentan algunos lineamientos básicos para el diseño de este estatuto.
>La proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan es muy alta y la calidad de los empleos que obtienen los que trabajan es muy baja. Este fenómeno responde a varios factores causales, aunque entre éstos se destaca el inadecuado diseño de las políticas educativas y laborales. En los países que presentan los mejores indicadores de inserción laboral juvenil, un inteligente diseño institucional incentiva a los estudiantes para establecer vínculos con las empresas mientras cursan el nivel secundario, estimulando tanto la cultura del estudio como la del trabajo. A partir de estas experiencias, en este número de Empleo y Desarrollo social se discuten algunos lineamientos orientados a la instrumentación de políticas educativas y laborales para una mayor inclusión social de los jóvenes.
>El sector de la construcción es un importante generador de oportunidades laborales, en particular para las personas con menor formación y que viven en condiciones de pobreza. A pesar de contar desde mucho tiempo atrás con un régimen laboral especial que pretende atender las particularidades de la actividad, en los hechos la elevada informalidad existente lleva a que el sistema de protección opere como un dispositivo de selección adversa que otorga cobertura a muy pocos trabajadores. La construcción se vería especialmente beneficiada con un Estatuto Especial para microempresas como el que se propusiera en el informe “Empleo y Desarrollo Social” Nro. 25 (abril de 2010).
>La Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) se puso en vigencia en el año 1996 con el objetivo de incentivar la prevención de accidentes, mejorar la protec- ción de los trabajadores y eliminar un factor distorsivo del mercado del trabajo que favorecía el empleo en negro. Habiendo transcurrido 14 años se registran algunos logros significativos, como la caída en la cantidad de siniestros, especialmente los mortales. Pero en los últimos años ha habido un creciente aumento de la litigiosidad, en parte motivado por la falta de actualización de aspectos claves que fueron contemplados en la propia ley. Para no volver al regresivo sistema vigente antes de la reforma y erradicar la litigiosidad espuria, es necesario recomponer rápidamente las reglas básicas de funcionamiento del sistema.
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La presión compradora de dólares es un fenómeno previsible dado el crecimiento de precios y salarios muy por encima de los aumentos en el valor de la divisa norteamericana. Esta dinámica lleva a que mucha gente comience a tener la premonición de que futuras devaluaciones son inminentes, sembrando incertidumbre sobre el futuro económico. Imponer barreras administrativas y legales sobre la compra de dólares desnaturaliza el objetivo declarado de combatir la economía informal y, lo peor, es una estrategia condenada al fracaso.
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La decisión del Gobierno de desarticular los subsidios de varios servicios públicos junto con el establecimiento de un mecanismo de diferenciación tarifaria según los niveles de ingresos de las familias va en el sentido correcto. Pero para dar equidad y legitimidad al esfuerzo que implica este ajuste, es imprescindible avanzar en la inmediata eliminación de los subsidios a empresas públicas que no cumplen ningún rol estratégico. Por ejemplo, eliminando los subsidios a tres de estas empresas públicas se podría más que duplicar la Asignación Universal por Hijo.
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La maternidad temprana, fundamentalmente entre los hogares pobres, impide el desarrollo social con equidad. En general, es un fenómeno que induce a una temprana deserción escolar de las jóvenes condicionando, por lo tanto, las futuras posibilidades de una inserción laboral de calidad. El desarrollo social requiere niveles educativos elevados y homogéneamente distribuidos entre géneros y estratos sociales, por eso resulta de importancia estratégica instrumentar, con sentido práctico y sin hipocresías, políticas de familia y maternidad.
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Los resultados de la cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea fueron tomados con alivio y optimismo. Sin embargo, para Grecia implica declarar el default y comprometer enormes sacrificios. Por ejemplo, para garantizar el pago de la deuda pública se obliga a destinar los futuros ingresos de un megaproyecto de producción de energía solar. Mientras tanto se sigue difiriendo la solución al problema de fondo, que es la incoherencia de aspiraciones de consumo muy superiores a sus bajos niveles de productividad.
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