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La experiencia internacional demuestra que un condimento esencial para alcanzar la equidad social es poner énfasis en los impuestos progresivos. Para el caso de los asalariados, esto se plasma en una alta incidencia del impuesto a las ganancias (que impacta, de manera creciente, sobre los salarios medios y altos) y una acotada presión de las cargas sociales (que pesa proporcionalmente más en los salarios bajos). Por eso, en lugar de pretender encauzar las negociaciones salariales del año 2013 reduciendo el impuesto a las ganancias, si realmente se quiere construir una sociedad más integrada el mejor instrumento es la reducción de las cargas sociales.
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La Argentina disfruta de precios de exportaciones respecto al de importaciones mucho más favorables que en la década de los ’90. Sin embargo, el aumento del dólar paralelo vuelve a colocar al salario medido en dólares por debajo de aquella época. La paradoja de un país con mayor capacidad adquisitiva de sus exportaciones pero menor capacidad de compra de su población se explica por la alta presión impositiva y la baja competividad. La solución pasa por mejorar el funcionamiento del sector público para que los impuestos se traduzcan en mejores servicios y se fijen reglas que induzcan a las empresas a ganar eficiencia.
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La escasa afluencia de turistas a los centros vacacionales domésticos es consistente con datos más precisos que muestran el estancamiento de la actividad económica y el deterioro en el empleo durante el año pasado. El problema central es el vertiginoso crecimiento de la presión impositiva, que no guarda relación con la cantidad y calidad de los servicios que brinda el Estado. En este marco, la no actualización del impuesto a las ganancias constituye la faceta más visible y cuestionada del crecimiento en la presión impositiva. Pero los mayores perjuicios económicos y sociales los genera el aumento en los otros impuestos.
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Aunque se siguieron aumentando los impuestos, la recaudación apenas creció al ritmo de la inflación. Como el incremento de impuestos no alcanzó para financiar el aumento del gasto público, con decretos de necesidad y urgencia se apeló a los fondos de la ANSES y el Banco Central. Esto refleja un serio desequilibrio de las cuentas públicas, pero también un grave deterioro institucional ya que parte importante de estos recursos se dilapidan en clientelismo con planes sociales y empleo público, subsidios a empresas públicas y privadas, propaganda oficial y discrecionalidad en las transferencias para someter a gobernadores e intendentes.
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Aunque la mejora en la distribución del ingreso es un objetivo que goza de amplios consensos, el INDEC confirmó que se mantiene un elevado nivel de inequidad. Un factor clave como determinante de las desigualdades sociales, además de las diferencias en los ingresos individuales, es el tamaño más grande de las familias pobres. En este aspecto, la mala calidad de las intervenciones estatales contribuye a potenciar las desigualdades, cuando por defecto de diseño y gestión inducen aumentos en la natalidad entre los hogares de más bajos ingresos.
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Aunque puedan estar operando intencionalidades políticas, los saqueos están asociados a la degradación del sistema judicial y de seguridad y a la mala calidad de las políticas públicas que se vienen aplicando. Apenas la economía se desacelera se explicita que la política fiscal es insostenible y que los subsidios sociales, lejos de actuar como un factor promotor de movilidad, operan como un mecanismo que perpetúa la dependencia de millones de personas del asistencialismo estatal. Se trata de un nuevo testimonio de que no se está aprovechando la inédita oportunidad que la bonanza internacional brinda para promover desarrollo social.
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Datos del INDEC señalan que el aumento del empleo en el último año se explica casi en su totalidad por el crecimiento del empleo asalariado no registrado. Estas estimaciones son preliminares, dado que se basan en encuestas a hogares aplicadas sólo en los grandes aglomerados urbanos, sin embargo, marcan una tendencia a la expansión del desempleo y la informalidad. Parte del problema se explica por el estancamiento de la actividad económica, pero también hay una alta incidencia del incremento de los costos laborales. Por ello, se requiere reformar las instituciones labores en la dirección de reducir las cargas que subyacen en el empleo formal.
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La Argentina tradicionalmente era reconocida en América Latina por la mayor extensión de su clase media. Pero esta posición se viene diluyendo en las últimas décadas. Si bien la bonanza económica tiene asociada mejoras en los indicadores sociales de todos los países, el crecimiento de la clase media en la Argentina es sensiblemente menor al observado en Brasil, Chile y Uruguay. Esto no se explica por diferencias en la dotación de recursos naturales ni cuestiones ideológicas sino por la calidad de las políticas públicas. Por eso, para no seguir desperdiciando oportunidades alcanzaría con emular a los países vecinos.
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La presión impositiva alcanzó niveles inéditos. Aún así, resulta insuficiente frente al extraordinario aumento del gasto público. Por eso, el gobierno nacional apela de manera cada vez más intensa al “impuesto inflacionario”, es decir, a apropiarse de recursos por la vía de desvalorizar con inflación los billetes en poder del público. Con este mecanismo –que resulta más regresivo y distorsivo que cualquiera de los peores impuestos–, la Nación se apodera de una masa de recursos equivalentes a la mitad de los ingresos de la Provincia de Buenos Aires o aproximadamente al doble de los ingresos de las provincias de Córdoba y Santa Fe.
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Como era previsible, el retraso tarifario en los servicios públicos exacerba el consumo, provoca déficits de inversiones que deterioran la calidad de los servicios y demanda cuantiosos subsidios a favor de las empresas proveedoras. Esto no se resuelve con el anunciado aumento de las tarifas de gas y electricidad que alimentará un fondo estatal para financiar las inversiones. La solución genuina pasa por gestionar las obras en base a articulación público-privada y tender a cobrar la tarifa real a todos los usuarios, complementado con subsidios focalizados a través de un régimen de tarifa social a favor de las familias más pobres.
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